Senadores coincidieron en que el Estado mexicano debe garantizar vivienda adecuada y servicios inclusivos para personas con discapacidad
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y accesible para las personas con discapacidad es aún una deuda estructural en México, coincidieron legisladores, especialistas y organizaciones civiles durante un foro realizado en el Senado de la República.
En el encuentro titulado ‘La salud mental comienza con la vivienda’, se subrayó que la vivienda no puede entenderse únicamente como un techo, sino como un elemento central para la inclusión social, la autonomía personal y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Asimismo, los participantes advirtieron que miles de personas con discapacidad enfrentan diariamente barreras físicas, económicas y normativas que les impiden acceder a una vivienda adecuada, bien ubicada y con condiciones de accesibilidad universal, lo que profundiza la desigualdad y limita su calidad de vida.
Vivienda y discapacidad: una agenda pendiente
Durante el foro, se destacó que el diseño de políticas públicas en materia de vivienda ha sido históricamente excluyente, al no considerar de manera integral las necesidades específicas de las personas con discapacidad, tanto físicas como psicosociales.
Especialistas señalaron que la falta de vivienda accesible no solo impacta la movilidad o la seguridad de este sector, sino también su salud mental, al generar condiciones de aislamiento, dependencia y vulnerabilidad.
De igual manera, se hizo énfasis en que garantizar una vivienda digna implica considerar factores como la ubicación, el acceso a servicios, la cercanía con redes de apoyo, la conectividad urbana y la adaptación de los espacios, elementos que siguen ausentes en gran parte del parque habitacional del país.
Enfoque de derechos humanos e inclusión urbana
Además, legisladores coincidieron en que el Estado mexicano tiene la obligación de avanzar hacia un enfoque de derechos humanos que coloque a las personas con discapacidad en el centro de la política habitacional, superando modelos asistencialistas y fragmentados.
En ese sentido, se planteó la necesidad de actualizar los marcos normativos y los programas de vivienda para incorporar criterios de accesibilidad universal, diseño incluyente y participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.
También se subrayó que la vivienda adecuada debe entenderse como parte de una política urbana integral, vinculada con la movilidad, el espacio público, la infraestructura y los servicios, para evitar que las personas con discapacidad queden relegadas a entornos aislados o carentes de oportunidades.
Hacia políticas públicas con impacto real
Finalmente, los participantes del foro coincidieron en que avanzar hacia ciudades más justas e incluyentes requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la participación de la sociedad civil y especialistas en desarrollo urbano y derechos humanos.
Y se hizo un llamado a fortalecer las políticas de vivienda desde una perspectiva transversal, que reconozca la diversidad de las personas con discapacidad y garantice condiciones reales de bienestar, autonomía e inclusión en las ciudades.
