La primera sala resolvió a favor un amparo para que el Inegi genere información estadística sobre los asentamientos irregulares en el país
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) deberá censar los asentamientos irregulares del país, y corregir así la omisión en la que ha caído en los últimos años al no contabilizar a la población que habita en estas zonas.
Esta decisión es el resultado de la resolución emitida esta tarde por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, ahora el Inegi tiene la obligación de censar los asentamientos irregulares.
La sentencia emitida por el máximo tribunal del país obedece a un amparo interpuesto por la organización Techo en contra del Inegi. En el documento se estableció la omisión de este organismo al no contabilizar los asentamientos informales.
La acción emprendida por la organización parte del hecho que no se cuenta con información clara sobre el número de asentamientos informales en el país ni la población que habita en este tipo de zonas. Esta acción, asegura la organización, ha provocado que los asentamientos irregulares sean invisibles para las políticas públicas e instituciones.
La resolución de la Corte parte de la idea que se violentó los derechos humanos de la población que habita en asentamientos irregulares al no contabilizarlos. Por ello, ahora será obligación del Inegi generar la información.
Cabe destacar que la resolución a favor del amparo se dio de manera unánime por los integrantes de la primera sala.