Aguilar Gil destacó la recuperación y reasignación de viviendas abandonadas debe realizarse “con total transparencia y certeza jurídica”
La diputada por el Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar Gil presentó una iniciativa para que la Política Nacional de Vivienda incorpore esquemas y mecanismos institucionales orientados a la recuperación de viviendas en condición de abandono, con apego al principio de legalidad y bajo criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.
La propuesta plantea modificar la Ley de Vivienda mediante la adición de la fracción XIII al artículo 6, la fracción XVII al artículo 8 y un último párrafo al artículo 12. Con ello, el Programa Nacional de Vivienda deberá incluir estrategias y líneas de acción específicas para la recuperación y reasignación de estos inmuebles a la población solicitante.
De acuerdo con la iniciativa, el porcentaje de viviendas en condición de abandono se convertirá en un criterio de evaluación tanto de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda como del desempeño de las dependencias responsables de su instrumentación. De esta forma, el abandono habitacional se integrará como un indicador clave en el seguimiento de la política pública del sector.
En la exposición de motivos, enviada para dictamen a la Comisión de Vivienda, se advierte la necesidad de atender esta problemática de manera integral, con el fin de evitar la repetición de esquemas que en el pasado derivaron en abandono de viviendas, deterioro urbano y conflictos sociales. En ese sentido, se reconoce que no todos los inmuebles en abandono resultan susceptibles de recuperación, por lo que se requieren parámetros claros y viables para su reincorporación al mercado habitacional.
La iniciativa subraya, además, la importancia de que el Estado recupere la rectoría en materia de vivienda mediante una política integral que considere no solo las condiciones físicas de los inmuebles, sino también su entorno urbano. En este punto, se plantea garantizar infraestructura, servicios y cercanía a fuentes de empleo como elementos centrales para asegurar la viabilidad de la recuperación.
Asimismo, la propuesta enfatiza que los procesos de recuperación y reasignación de viviendas abandonadas deben realizarse con total transparencia y certeza jurídica. Por ello, se plantea evitar mecanismos de intermediación que no han mostrado resultados eficaces, como las subastas, y priorizar una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes.
Finalmente, la diputada destaca la necesidad de establecer candados institucionales para evitar que el problema persista en el tiempo, al considerar que la política de vivienda debe transformarse para garantizar que las personas beneficiarias cuenten con la certeza de haber accedido a una vivienda que les brinde estabilidad y pleno ejercicio de sus derechos.
