Necesario, realización de un padrón de constructoras que atiendan excelencia en la CDMX
La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (#ALDF) informó para la aplicación correcta de los criterios urbanos sobre el uso del suelo, la densidad de vivienda y el número de niveles se buscará a través de un marco normativo, regulatorio #urbano y constructivo en la capital del país, se buscará que se realice un riguroso diagnóstico del conjunto de empresas y constructoras de #vivienda social en la capital del país.
Lo anterior, debe ir acompañado a una modificación o actualización de la Norma 26 o en su caso, a la materialización de una nueva normativa para #construcción de vivienda que promueva el mejoramiento de la calidad de vida, en sus habitantes y mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la capital.
La asambleísta #Margarita Martínez Fisher se pronunció a favor de una nueva regulación urbana de vivienda para la CDMX que integre aspectos necesarios para su adecuada inserción social, territorial y ambiental.
“Es necesario revisar y ampliar a la luz de los nuevos principios del #urbanismo contemporáneo y sustentable, los conceptos y criterios relativos a la construcción del hábitat y vivienda social y popular” aseveró la también representante del Partido Acción Nacional (#PAN).
Expuso que para avanzar hacia su correcta integración, a través de su incorporación en el marco normativo, regulatorio urbano y constructivo en la capital, además que se garantice la transferencia de los beneficios de la ciudad para los grupos más vulnerables.
Se tiene que tomar en cuenta además el área libre de construcción, los espacios para estacionamiento y los relativos a los aspectos constructivos y tectónicos, que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Finalmente, planteó la constitución de un Padrón de Excelencia de desarrolladores y Productores Sociales de Vivienda Social y Popular con solvencia moral y técnicas que sea reconocida y documentada que incentive las buenas prácticas vía la emisión de los incentivos fiscales, administrativos y normativos.
