El manual explica de forma accesible el procedimiento de desalojo en juicios civiles, visibiliza sus limitaciones y ofrece herramientas de defensa
En un contexto donde el derecho a la vivienda en la Ciudad de México se ha visto comprometido, pese a medidas recientes como el Bando 1 y el anuncio de un protocolo sobre desalojos que aún no ha sido detallado, la clínica jurídica María Luisa Marín (CJDVA) de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina (HIC-AL), lanzó un manual sobre el procedimiento de desalojo por juicios civiles en la capital, desde la perspectiva del derecho humano a una vivienda adecuada.
Más allá de lo técnico, el documento está pensado para que personas que enfrentan un desalojo puedan entender el proceso, conocer sus derechos y defenderse con herramientas jurídicas accesibles.
Para ello, el manual busca explicar de manera accesible el procedimiento de desalojo en juicios civiles, visibilizar sus limitaciones y ofrecer herramientas de defensa para quienes enfrentan un proceso de este tipo.
Asimismo, identifica una serie de obstáculos a la concreción del derecho a la vivienda adecuada en el juicio de arrendamiento local y en el procedimiento de desalojo, tales como:
¿Qué contiene el manual?
- Un recorrido paso a paso del juicio civil de desalojo en CDMX, desde la demanda hasta la ejecución de la orden de desalojo.
- Explicaciones sobre los plazos sumarios que limitan la defensa del arrendatario, la posibilidad de juicios en rebeldía y notificaciones irregulares.
- Una descripción de los estándares internacionales y derechos humanos que deben aplicarse, como el test de proporcionalidad, el respeto al debido proceso y la obligación del Estado de prevenir desalojos forzosos arbitrarios.
- Revisión del marco normativo aplicable: Constitución, legislación local de la CDMX, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, y cómo estos interactúan con normas internacionales de vivienda.
- Conclusiones y recomendaciones clave para que quienes enfrentan un proceso de desalojo obtengan mejores posibilidades de defensa.
Importancia y retos identificados
De igual manera, el manual subraya que los desalojos civiles deben entenderse como una potencial violación al derecho a la vivienda, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Se advierte que muchos procesos son sumarios, con plazos muy cortos, lo que dificulta que la parte afectada reúna pruebas o presente su defensa de forma adecuada.
Otra alerta: las notificaciones del demandado suelen ser irregulares o simuladas, lo que deriva en juicios en rebeldía sin que la persona siquiera sepa que hay una demanda en su contra.
También se resalta que, aunque la legislación civil regula desalojos, debe estar subordinada a los estándares constitucionales e internacionales del derecho a vivienda, para evitar que normas privadas o intereses económicos prevalezcan.
Recomendaciones y propuestas
El manual plantea la necesidad de transformar el marco legal y las prácticas judiciales bajo un enfoque de derechos humanos. Entre las recomendaciones destacan:
- Establecer garantías procesales sólidas, incluyendo notificaciones verificables y la posibilidad de suspender el desalojo.
- Capacitar a autoridades judiciales para que interpreten la legislación civil en línea con la Constitución y tratados internacionales.
- Aplicar un test de proporcionalidad en cada juicio, mediante estudios socioeconómicos y periciales que identifiquen la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas.
- Implementar un protocolo obligatorio para la ejecución de desalojos, con apego a estándares internacionales.
- Garantizar alternativas habitacionales mediante políticas públicas, evitando que los desalojos deriven en personas sin hogar.
Un llamado a las autoridades
La Clínica y HIC-AL recalcaron que, aunque se han dado pasos importantes en la agenda de vivienda de la CDMX, persisten vacíos legales que pueden derivar en violaciones graves al derecho a la vivienda.
En ese sentido, el llamado es a que las propuestas del manual se retomen por el Congreso y las autoridades judiciales para equilibrar la balanza entre propiedad privada y derechos humanos
