La diputada explicó que los créditos del Fovissste están referenciados a la UMA, cuyo valor aumenta de forma anual y variable; lo cual impacta en la certeza que el trabajador tiene respecto del crédito
La diputada Lilia Aguilar Gil presentó una iniciativa para reformar los artículos 20, 180 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Esto con el objetivo de que los montos máximos de los créditos que otorgue el Fondo de la Vivienda (Fovissste) se establezcan en moneda nacional; así como en función de los ingresos de los trabajadores.
De igual manera, la iniciativa plantea establecer que los créditos devengarán intereses sobre el saldo insoluto a la tasa que determine la Junta Directiva; que no será menor del cuatro por ciento.
Además, busca suprimir del artículo 20, relativo a que: “En caso de que la omisión (de los descuentos) sea atribuible al trabajador o pensionado, se le mandará descontar hasta un cincuenta por ciento del sueldo”. Así como el primer párrafo del artículo 185, que señala: “El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo”.
Al respecto, la diputada explicó que los créditos del Fovissste están referenciados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA); cuyo valor aumenta de forma anual y variable. Esto impacta en la certeza que el trabajador tiene respecto al crédito y los descuentos que se le harán para cumplir con su obligación crediticia.
Por ejemplo, en 2016 el valor diario de la UMA era de 73.04 pesos y para 2022 se incrementó a 96.22 pesos. Por ello, es necesario que los créditos que otorgue el Fovissste establezcan sus montos y saldos en moneda nacional; a fin de evitar las actualizaciones anuales y el consecuente crecimiento de la deuda de los acreditados.
Asimismo, señaló que el primer párrafo del artículo 185 de la ley es un factor de incertidumbre para los acreditados del Fondo; “pues no conocen con certeza cuál es la actualización que se les ha de aplicar, la de la UMA o la del Salario Mínimo”.
Y, finalmente, mencionó que actualmente la ley permite que se descuente hasta 50% del sueldo a los trabajadores; lo que atenta contra lo establecido por las Naciones Unidas para considerar que se cumple con la asequibilidad de la vivienda y cuyo límite es 30% del ingreso.
