La propuesta planteada por el Infonavit requiere un debate serio, y entender que se habla de un tema con muchas aristas por considerar
Una propuesta por discutir
Mucha polémica generó las declaraciones de Octavio Romero en torno a un posible programa para regularizar a invasores de vivienda.
Escuchar al Director del Infonavit en la mañanera hablar sobre un esquema que regularizaría a invasores, alarmó de inmediato. Y no es para menos, si tal como lo planteó, se daba la impresión que en el fondo, el Instituto estaría legalizando “el agandalle”, haciendo legal lo que a simple vista es un delito; y no solo eso, sino premiando con beneficios a quienes de inicio actuaron por fuera de la ley, invadiendo propiedad privada.
Sí, el mayor error del Director ese lunes fue hablar de un programa que aún no está lo suficientemente aterrizado como para tratar de presentarlo. Porque sí, el Director del Infonavit cayó en inconsistencias y generalizaciones que dieron de qué hablar y cuestionar el planteamiento, sobre todo a los que están en contra del proyecto político que representa.
Pero vayamos por partes. ¿Podría el Infonavit impulsar un esquema en el que ofrezca viviendas recuperadas a los invasores que ya habitan la propiedad? La respuesta corta es sí; aunque, se tendrían que generar reglas de operación, lineamientos y supuestos, para que el programa se pudiera aplicar y no infrinja con la ley, la propiedad privada y las facultades del propio Infonavit.
Lejos del análisis visceral, se entiende que el fondo de la propuesta del Infonavit es, por un lado, beneficiar a familias que en verdad necesitan una solución de vivienda; y por otro, atender el difícil desafío que representa hacer algo con las viviendas recuperadas, vandalizadas, abandonadas/desocupadas, esas que podría resultar difícil solo vender y ya.
Una idea que no puede ser generalizada
Pero también, se entiende que de fondo, este sería un esquema que no se puede aplicar de forma generalizada; que dependerá de cada caso que encuentre el Instituto para evaluar si esos ocupantes irregulares de vivienda pueden ser candidatos al modelo. Porque se entiende que así como muchos invaden una vivienda al no ver alternativas y estar en la desesperación de solucionar su necesidad de techo, que es una necesidad básica, también hay casos en los que personas y grupos actúan con dolo y saña, con el único objetivo de lucrar a partir de la invasión de vivienda.
Y también, deberá ser un esquema que priorice, en primera instancia, al dueño de la vivienda; que se agoten los recursos para que no tenga que perder su casa. Si llegado el momento, el propio derechohabiente no le interesa ponerse al corriente para no perder su vivienda, entonces sí el Infonavit tendría margen para actuar bajo la premisa que busca.
Elementos a considerar de la propuesta del Infonavit
En primer lugar, es muy importante entender que para que el programa pueda ser una realidad, solo se podría hacer con la vivienda ya recuperada por parte del Infonavit. Es necesario entender que el Infonavit no puede negociar con viviendas que no son suyas, y mucho menos ofrecerlas a ocupantes irregulares.
En la mañanera, el Director del organismo dejó entrever que, para esta iniciativa, el organismo primero identificará las viviendas con crédito Infonavit que tienen problemas de pago y que no son habitadas por sus dueños originales; así, sí están invadidas, ofrecerles a los ocupantes irregulares la posibilidad de adquirirlas.
Pero, la realidad es que, aunque con problemas de pago, esas viviendas que identificará el Infonavit, siguen perteneciendo a los derechohabientes que ejercieron sus créditos para adquirirlas. Mientras el organismo no emprenda los juicios necesarios para hacer válida la garantía y se convierta en el dueño, no podrá negociar con las propiedades. Y para eso, hay que contemplar que son juicios de en promedio cinco años.
Si se quiere respetar la propiedad privada, como lo aseguró la Presidenta Sheinbaum, el Infonavit primero deberá emprender estos procedimientos para recuperar las casas; una vez que un juez declare al Infonavit como dueño, entonces sí, podrá negociar y ofrecer las viviendas a quien desee.
Uno de los problemas que se percibe en torno a este tema, es que si el Infonavit procede a realizar los juicios para recuperar esas vivienda, caería en una contradicción, pues desde el arranque de esta administración, las autoridades no se han cansado de repetir que el Instituto no le quitará la casa a nadie.
Entonces, ¿para este caso sí aplicaría? ¿Se dará prioridad a quitarle la vivienda a un trabajador que no ha pagado y se le buscaría vender al ocupante irregular?
Una de las críticas sobre este hecho recae en el sentido de cuestionar por qué el Infonavit preferiría beneficiar a quienes se metieron a la casa y no al derechohabiente que ejerció su crédito para adquirirla.
Supondría, que el Infonavit aquí tendría que agotar primero todos los mecanismos con el dueño original, y de no encontrar respuestas, dar el cauce natural para recuperar la casa.
Pero ¿qué no Infonavit debería, en cuanto recupere la vivienda, denunciar la invasión? De acuerdo con Carlos Martínez, ex director del Infonavit, el Instituto se puede reservar el derecho de emprender acciones legales, y tomar vías de conciliación con los ocupantes irregulares.
¿Cómo las vendería Infonavit?
Una vez recuperada la vivienda, el Infonavit la puede vender a quien lo desee. Y en ese escenario, entran los ocupantes irregulares.
Es importante recordar que al recuperar las viviendas que ya no se pagaron, el Infonavit debe buscar darles salida. Esto, como medida para rescatar parte del crédito que no se liquidó y que estaba aparejado con esa propiedad.
Si el Infonavit quisiera emprender un esquema para ofrecer vivienda a ocupantes irregulares, lo podría hacer, porque en la práctica, podría venderle a quien desee.
En su exposición, Octavio Romero aseguró que la idea es ofrecer las casas a los ocupantes irregulares aunque estos no sean derechohabientes del Instituto, esto mediante un esquema de renta con opción a compra.
La principal crítica en este sentido, es que el organismo no podría aplicar la modalidad, porque no está facultado para ofrecer programas a quienes no son derechohabientes. En el papel, si los ocupantes irregulares quisieran comprar la casa, la tendrían que adquirir con recursos propios, y no por medio de esquemas del organismo. Esto pensando en que el Infonavit no subsidie un programa que no vaya en línea con su mandato, que es atender a sus derechohabientes.
Aunque, la clave aquí es entender que son viviendas recuperadas, y bajo esa lógica, podría existir espacio para generar el esquema. Y es que, ante el argumento de vender esa vivienda emproblemada, que solo representa una carga para el Instituto, podría aplicarse un mecanismo especial bajo el pretexto de ‘facilitar la venta de esa vivienda’ y que el Infonavit salga del “problema” que implica tener esa vivienda.
¿Cómo ha manejado el Infonavit el tema de su vivienda recuperada?
Hasta antes de la llegada del Presidente López Obrador, el Infonavit aplicó un esquema sencillo para vender su vivienda recuperada y evitar grandes problemas.
El modelo consistía en armar paquetes de viviendas y subastarlas a la iniciativa privada. Las viviendas se ofrecían por debajo de los precios de mercado con la intención de que fuera el privado el que adquiriera la propiedad, se encargara de rehabilitar la vivienda y venderla nuevamente.
Con la llegada del Presidente López Obrador, este mecanismo se suspendió, al considerarse abusivo. Incluso, una de las críticas constantes en la administración de Carlos Martínez al frente del organismo se basó en que no se estaba haciendo nada con esa vivienda recuperada, lo que para un organismo de naturaleza financiera como el Infonavit es perjudicial, al tenerlas paradas, en inventario, y sin poder recuperar parte del dinero que se prestó para adquirirla.
Cabe señalar que hacia finales del sexenio pasado, el Infonavit comenzó con un programa para vender esa vivienda recuperada de manera directa a las personas y ya no por medio de subastas y a empresas. Comenzó a operar gracias a acuerdos con municipios, en donde se ofrecía esa vivienda a colaboradores de los ayuntamientos.
En una entrevista reciente, Carlos Martínez, ex director del Infonavit, se refirió a este programa como el antecedente inmediato del que se podría echar mano para pensar en el modelo que se plantea ahora, y vender las viviendas de manera directa a quienes las ocupan irregularmente.
El dilema ético-moral
Queda claro que sí, el Infonavit podría emprender el esquema planteado y vender la vivienda a ocupantes irregulares, bajo lo cual cumpliría su propósito de regularizar a estas personas que se han metido de manera ilegal a una casa y darles certeza sobre su situación.
Sin embargo, aquí es donde entra la mayor crítica al planteamiento. Principalmente, las posturas en contra rechazan que se impulse una medida que, consideran, legaliza la ilegalidad; es decir, que avale en los hechos la invasión de vivienda como un camino para convertirse en propietarios.
Como se citó líneas arriba, creo que si este programa avanza, no deberá ser generalizado, y el Instituto tendría la obligación de analizar cada caso para no ser cómplice de hechos delictivos ni avalar en la práctica a grupos que han convertido a la invasión de vivienda en una forma de vida; pero sí, beneficiar a quienes en situación de vulnerabilidad, no encontraron otro camino para atender su necesidad de vivienda.
Algo que no se debe perder de vista, y que ayudaría a abordar de mejor manera el debate, lejos de solo reaccionar con el estómago, es que hablamos de vivienda; es decir, de una necesidad básica y un derecho consagrado en la Constitución; y en este país, hay una crisis, en donde, a pesar de ser una necesidad básica y un derecho, es un tema que para muchos simplemente es inaccesible.
Visión desde el derecho humano
Carla Escoffie, abogada y especialista en temas de vivienda, lo dijo muy bien: antes de atribuir culpabilidad a quienes ocupan irregularmente, es necesario cuestionar por qué no existen alternativas accesibles y dignas. Porque sí, la invasión también se debe a un sistema que le ha negado a las familias de bajos recursos la posibilidad de acceder a una vivienda.
No se trata de justificar el delito de invasión, pero sí es necesario entender cada contexto, y no encasillar de inicio como delincuentes sin conocer sus realidades; porque, otra vez, no hablamos de cualquier producto, hablamos de vivienda, de una necesidad básica.
Me parece importante entender que en este, como cualquier otro tema, no hay blanco y negro, sino matices por considerar. Aquí, como en otros casos, es importante quitar el tema político, para aterrizar un debate serio y encontrar posturas que enriquezcan el análisis y permitan deliberar si es correcta la vía a tomar o no.
Un modelo con Sedatu y Conavi
Retomando el punto de la iniciativa, quizá no debería quedarse solo en el terreno del Infonavit, sino que Sedatu y Conavi se involucren de manera decidida; que sean estas las entidades del gobierno que ayuden a entender el problema de la invasión, y en función de ello, junto con el Infonavit, pensar en soluciones.
En ese sentido, por qué no pensar en un esquema en donde, Sedatu o Conavi sean los responsables de ofrecer el esquema de vivienda en renta con opción a compra del que se habló; de esta manera, el Infonavit no tendría que crear el programa, sino simplemente vender la vivienda, y con eso, no faltaría en ningún momento a su misión; es más, se alinearía a la buena práctica de vender esa vivienda recuperada.
El reto aquí será encontrar respuestas que no atenten contra el Infonavit, la legalidad y que vayan en el sentido de ofrecer soluciones integrales a un tema complejo.
