La reforma reafirma el combate a la corrupción y reforzará la seguridad de áreas protegidas y catalogadas como zonas de riesgo
La diputada Claudia Gabriela Olvera Higuera lanzó una iniciativa para reformar la fracción VII del artículo 214 del Código Penal Federal. En ella, se plantea la sanción de hasta 12 años de presión e inhabilitación de 20 años para servidores públicos que autoricen construcciones en zonas de riesgo.
Dicha iniciativa refrenda el combate a la corrupción, ya que, diversas constructoras se aprovechan de las necesidades patrimoniales de los ciudadanos. Por lo tanto, servidores públicos autorizan de manera irregular la construcción de vivienda o infraestructura en zonas de riesgo. También, la reforma beneficiará a las áreas protegidas o reservas ecológicas en zonas no aptas.
Peligros de construcción en zonas de riesgo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 6.3 millones de lotes irregulares en las 32 entidades federativas. Asimismo, cada año se suman 90,000 familias a estas condiciones.
Aquello centros poblacionales irregulares, podría ser afectados de manera letal por los fenómenos naturales. Por lo tanto, las familias que habitan en zonas de riesgo, son más vulnerables ante las posibilidades de desastres.
Debido a ello es necesario sancionar a los funcionarios que propicien la autorización de construcciones irregulares. Del mismo modo, es necesaria la reducción de asentamiento humanos en zonas irregulares.
Estadísticas
En 20 años, se registraron cerca de 10,626 muertes de mexicanos y daños valuados en más de 2 millones 103,000 pesos, 41,000 escuelas y 1,800 unidades de salud. Esto debido a la construcción irregular registrada en México.
