La reforma busca que la política nacional en la materia garantice la seguridad estructural de la vivienda para fomentar la calidad
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley en la materia en temas de seguridad estructural y Atlas de Riegos; así como inclusión a personas con discapacidad.
El primer dictamen aprobado incorpora los términos de seguridad estructural y Atlas de Riesgos en diversos artículos de la Ley de Vivienda. Esto con el fin de contribuir en la seguridad de los mexicanos y de sus bienes, al dar cumplimiento a las normas para todo tipo de construcción, tanto laborales como escolares y de vivienda.
Al respecto, la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión, explicó que el dictamen busca que la política nacional en la materia garantice la seguridad estructural de la vivienda para fomentar la calidad.
Asimismo, respecto a la aprobación del sector público en materia de vivienda, establece que se debe considerar la información de los Atlas de Riesgos; además de que en la política nacional se deberá garantizar la calidad de la vivienda, principalmente.
Por su parte, la diputada Margarita García comentó que el dictamen pretende resolver diversos problemas en terrenos donde no es seguro vivir. “No podemos permitir que se siga autorizando la construcción de viviendas en terrenos que no tiene las condiciones necesarias”, dijo.
En tanto, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez mencionó que México se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad ante desastres naturales por su ubicación geográfica. Por ello, consideró que es de gran importancia la aprobación de este dictamen, pues garantiza los elementos de habitabilidad y ubicación para una vivienda segura.
Reforma en materia de inclusión
Por otro lado, el segundo dictamen aprobado reforma los artículos 19 y 45 de la Ley. Esto con el objetivo de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) promueva programas de financiamiento y subsidio a personas en vulnerabilidad.
De igual manera, deberá procurar que la información que se brinde en materia de financiamiento sea por medios accesibles para las personas con discapacidad; a fin de que ejerzan plenamente su derecho a la vivienda.