El dictamen convierte al Infonavit en constructor y arrendador de vivienda, principalmente para sus derechohabientes
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, en materia de vivienda adecuada para las personas trabajadoras.
El dictamen establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar viviendas adecuadas a sus personas trabajadoras.
Para ello, con las aportaciones que las empresas realicen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se crearán depósitos en favor de sus personas trabajadoras.
Asimismo, el documento indica que el Infonavit deberá establecer un sistema de vivienda con orientación social, con el propósito de que las y los derechohabientes puedan obtener un crédito barato y suficiente para adquisición o mejora de vivienda.
De igual manera, el Instituto podrá adquirir suelo, construir vivienda y rentarla bajo un esquema de arrendamiento social.
Adicionalmente, considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal que administre los recursos del Infonavit; además de que regule las formas y procedimiento conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
Determina, además, que la mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder el 30% del salario de las personas trabajadoras. Y que se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a los derechohabientes del Infonavit que no cuenten con vivienda propia.
Finalmente, el documento precisa que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley del Infonavit.
Y, del mismo modo, en un periodo no mayor a 180 días naturales, deberá implementarse un programa de eficiencia operativa que permita reducir los costos del Infonavit, con el objeto de reivindicar la orientación social del Instituto.
El dictamen, que deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
