De esta manera, se redefine el concepto de vivienda adecuada y se establecen criterios como accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad y seguridad jurídica
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en México, sustituyendo el concepto de ‘vivienda digna y decorosa’ por uno más amplio y medible.
El dictamen fue avalado con 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 354 votos en pro y 95 en contra.
Además, la propuesta se envió al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
Un nuevo estándar: vivienda adecuada
La reforma establece que una vivienda adecuada debe cumplir con criterios como accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.
Este cambio busca alinear la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024, incorporando estándares internacionales que permitan medir y exigir el cumplimiento de este derecho.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Maribel Martínez Ruiz, presidenta de la Comisión de Vivienda, destacó que el objetivo es convertir el derecho a la vivienda adecuada en una realidad tangible para millones de personas, mediante parámetros claros y verificables.
Nuevas facultades y enfoque social
Asimismo, el dictamen establece que la Política Nacional de Vivienda deberá fomentar la participación de organismos públicos y privados para financiar, construir, adquirir o rehabilitar vivienda, así como impulsar esquemas de autoproducción.
Además, instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) podrán adquirir suelo, urbanizar terrenos, construir viviendas y promover modelos como el arrendamiento social, con posibilidad de compra al término del contrato.
Sin embargo, dichas acciones deberán realizarse sin comprometer la viabilidad financiera de los fondos de vivienda ni los derechos de las personas trabajadoras, según lo establecido en el dictamen.
Posturas encontradas en el Pleno
Durante la discusión, legisladores de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la importancia de garantizar el derecho a la vivienda, aunque expresaron diferencias sobre los mecanismos planteados.
El diputado Gilberto Herrera Solórzano afirmó que la reforma representa “un antes y un después en la política de vivienda”, al priorizar el acceso a viviendas más accesibles y seguras para la población.
En contraste, el diputado José Guillermo Anaya Llamas advirtió que el modelo podría limitar la libertad de elección de vivienda; mientras que el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega señaló que la reforma no garantiza mejores condiciones de acceso ni certeza jurídica.
Por su parte, legisladores del PVEM y PT respaldaron la iniciativa al considerar que fortalece la política nacional de vivienda y amplía las opciones para que las personas accedan a una casa mediante créditos, autoproducción o esquemas de arrendamiento.
Hacia un nuevo modelo de vivienda
El dictamen forma parte de un cambio estructural en la política de vivienda en México, al establecer un enfoque más integral que busca garantizar no sólo el acceso a una vivienda, sino a condiciones adecuadas para el bienestar de las personas.
La reforma también se vincula con metas nacionales de construcción de vivienda y con la implementación de un sistema con orientación social, que contempla créditos accesibles, desarrollo de suelo y nuevas modalidades de acceso habitacional.
Con ello, el Congreso avanza en la armonización del marco legal con el nuevo paradigma constitucional, que reconoce la vivienda adecuada como un derecho humano exigible y medible.
