Romero Oropeza indicó que, del total de afectados, 249,000 derechohabientes del Infonavit perdieron su vivienda
Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló casos de corrupción ocurridos durante administraciones anteriores, en los que 373,000 derechohabientes fueron desalojados de sus viviendas de manera irregular.
Durante la conferencia de prensa matutina, se informó que, desde 2012, jueces, funcionarios locales y despachos legales llevaron a cabo juicios masivos para demandar a trabajadores que no podían cubrir sus créditos. No obstante, con el tiempo, estos procesos incluyeron a acreditados que estaban al corriente con sus financiamientos.
Romero Oropeza explicó que estos juicios presentaron múltiples irregularidades. De los 373,000 derechohabientes afectados, 302,000, equivalentes al 80%, fueron demandados en estados distintos a su lugar de residencia. Además, los acreditados no fueron notificados sobre las demandas en su contra, violando así sus derechos.
En respuesta a estas acciones, durante la administración pasada, el Infonavit presentó una denuncia penal en Nayarit contra despachos de abogados, notarios y autoridades locales por la afectación de 62,000 acreditados en todo el país. De este total, solo 737 financiamientos correspondían realmente a esa entidad.
El director general señaló que los estados de Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos concentran el mayor número de demandas irregulares contra derechohabientes.
Asimismo, resaltó que, ante esta situación, ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia, ni los consejeros del Instituto realizaron acciones para detener estos juicios.
El funcionario señaló que del total de acreditados afectados, 249,000 perdieron su vivienda. De estos inmuebles, 207,000 no han podido ser escriturados a favor del Infonavit debido a las irregularidades del proceso y 42,000 fueron subastadas por el organismo.
Despachos corruptos trabajaron para Infonavit
Octavio Romero Oropeza también explicó que estos procesos irregulares fueron llevados a cabo por 18 despachos jurídicos externos al Infonavit, los cuales aún cuentan con contratos vigentes. A dichos despachos se les pagaron 29,263 millones de pesos (mdp), monto que supera significativamente el presupuesto anual del Instituto, el cual asciende a 17,941 mdp.
El despacho que más recursos recibió fue Grupo Acser. Sobre este caso, el titular del organismo señaló que Rafael Riva Palacio Pontones, dirigente sindical del Infonavit, gestionó que este grupo recibiera 103 mdp por el pago de demandas relacionadas con trabajadores cuyos créditos no estaban al corriente.
El ingeniero Romero destacó que, tras el caso detectado en Nayarit, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó detener los juicios masivos. Sin embargo, nueve despachos jurídicos simularon juicios individuales y continuaron con las prácticas masivas, afectando a 63,444 derechohabientes. Estos juicios fueron tramitados en el Juzgado 60 Civil de la CDMX, aunque únicamente el 4% de los créditos correspondían a la ciudad.
Entre estos despachos, Romero Oropeza resaltó el caso de Desnor, cuyo representante legal es actualmente comisionado de vigilancia del Infonavit en representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este individuo también es miembro fundador de Constructora Automatic Developments, una empresa que cuenta con un proyecto autorizado por el Consejo de Administración para construir vivienda destinada al Instituto.
Finalmente, el director general del Infonavit señaló que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el Instituto trabajará para resarcir los daños causados por estos procesos irregulares, a pesar del alto costo que representa. Además, aseguró que continuarán las denuncias y procesos penales contra quienes resulten responsables de estos casos de corrupción.
