Destacan legisladoras que tan solo el precio del suelo en el país es de 1,996 pesos, mientras que en la capital es de 9,000 pesos, lo que significa una diferencia de 800 por ciento
Ante la escasez de oferta de #vivienda de interés social y popular para los habitantes de la Ciudad de México y el encarecimiento del suelo #urbano, será necesario una nueva regulación urbana en la materia, aunque la Norma 26 ha sido aplicada con múltiples irregularidades, destacaron las diputadas #Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda y #Margarita Martínez Fisher, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del DF, durante la presentación del “Diagnóstico de Vivienda en la Ciudad de México”.
El análisis, elaborado por ambas diputadas, señala que las condiciones demográficas y económicas de la ciudad evidencian que para amplios sectores de las y los capitalinos cada día es más difícil acceder a una vivienda digna y tener certeza jurídica de su propiedad.
La diputada Ludlow Deloya, del PRI, explicó que al año se requieren más de 50,000 viviendas nuevas y 8,000 acciones de mejoramiento, las cuales no son satisfechas. También destacó que 178 mil viviendas padecen hacinamiento o deterioro grave.
Explicó que las condiciones actuales del mercado son restrictivas. El suelo es escaso y tiene un costo muy elevado; aproximadamente 50% de la población económicamente activa gana menos de cinco salarios mínimos, por lo cual no es sujeta de créditos de la banca comercial; y los organismos federales no aplican créditos por los altos precios de las viviendas.
Ludlow Deloya destacó que tan solo el precio del suelo en el país es de 1,996 pesos mientras que en la capital es de 9,000 pesos, que significa 800% de incremento, en comparación con otros países como Estados Unidos donde el uso de suelo es 46.6 dólares y en Nueva York 68.9 dólares, da como resultado un 67.7% de incremento mientras que en Madrid el precio del suelo es de 660 euros y en España de 331 euros, que implica un 181% de aumento, todo ello demuestra que el uso de suelo en la Ciudad de México es excesivamente caro comparado con estos países.
La legisladora priista también refirió que existe una excesiva tramitología, que hace aún más evidente las insuficiencias actuales del marco jurídico, lo cual redunda en ganancias para los especuladores, crecientes fenómenos de despojos y desalojos; así como baja velocidad de la rotación del capital, lo que va en detrimento de la inversión.
Durante su intervención, la diputada Margarita Martínez Fischer, del PAN, explicó que para atender esta problemática, en 2010 se emitió la Norma General de Ordenación 26, a fin de regular e impulsar la #construcción de vivienda de interés social y popular, con un valor máximo de venta inferior a los 709 mil 450 pesos.
Sin embargo, dicha norma fue suspendida por el Gobierno del Distrito Federal desde 2012, debido a múltiples irregularidades. Entre otras, venta de departamentos supuestamente de interés social o popular muy por encima de su precio máximo establecido en la norma; aplicación irregular normativa que benefició a los agentes inmobiliarios e impactó negativamente en su oferta y, por lo tanto, en las posibilidades de acceso de la población de menores recursos.
Martínez Fischer detalló que para lograr establecer con precisión el estatus jurídico y normativo que guarda la construcción de vivienda social y popular en la Ciudad de México, es fundamental contar con la información de los diferentes órganos del gobierno local con facultades para su promoción, de esta manera, el pleno de la Asamblea Legislativa envió una solicitud a diversas instancias del GDF, de la que derivó una respuesta de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, informando que entre 2011 y 2015 se realizaron 137 procesos de investigación por presuntos incumplimientos en materia de zonificación y construcción; de los cuales en 80 casos se acreditó el incumplimiento de la Norma 26.
Frente a este panorama, la diputada del PAN estableció que es necesario crear un nuevo modelo jurídico, que regule e impulse la construcción de vivienda destinada a la población de menores recursos, bajo los siguientes criterios:
Como primer punto, instrumentos jurídicos y administrativos que garanticen que las viviendas de interés social y/o popular construidas a su amparo no puedan ser revendidas a un precio final de venta superior al máximo establecido en dicha regulación; dos, sanciones, incluso penales, para los responsables de su aplicación irregular ,con mecanismos de control y vigilancia, bajo criterios registrales y de transparencia administrativa; tres, beneficios fiscales y administrativos que incentiven las buenas prácticas urbanas e inmobiliarias ; y cuatro, mecanismos jurídicos y normativos para incorporar suelo apto y óptimo para lograr estos objetivos.
Ambas diputadas finalizaron su exposición anunciando la realización de mesas de trabajo con dependencias involucradas a partir del 11 de marzo.
