Expertos aseguraron que el gran problema del transporte público es la falta de financiamiento por parte de las autoridades
En el marco del XX Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, los integrantes de la Asociación Mexicanas de Autoridades de Movilidad (AMAM), destacaron que el transporte público atravesará grandes retos este 2022. Como avanzar en su institucionalización como una política de Estado; así como establecer rutas de acción y mecanismos financieros para asegurar la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV)
Asimismo, los miembros de la AMAM indicaron que, derivado de la pandemia por Covid-19, el transporte público ha reportado pérdidas por más de 200 millones de pesos; además de que la demanda no se ha recuperado y se mantiene en 65%, en comparación con el periodo previo a la contingencia.
Según especialistas, el transporte público urbano aporta el 4% del PIB nacional, y gracias a este sector se mueve más del 40% de la población; es decir, 50 millones de personas diariamente a lo largo del país.
De igual manera, autoridades subrayaron la necesidad de gestionar la movilidad, y en particular el transporte público, como una política social acorde con el derecho a la movilidad; que es una oportunidad para la equidad, la inclusión social y la reducción de la pobreza en el país.
“El transporte público se debe convertir en un igualador social, y que esto ayude a disminuir los efectos que contaminan nuestro planeta. El trabajo debe ser en equipo, con una coordinación y enlace de esfuerzos permanente; que nos permita este 2022 lograr acuerdos para que los tres órdenes de gobierno nos sumemos a la mejora de la movilidad”, dijo Roxana Montealegre, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Por su parte, diputados y senadores coincidieron en que la LGMSV es el primer instrumento basado en múltiples consensos de diversos sectores de la sociedad; a través del cual se abona al establecimiento de un sistema nacional de movilidad.
El diputado Salomón Chertorivski, presiente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, indicó que existen tres retos: pensar que se podrá implementar la Ley sin recursos, no es real; la necesidad de un cambio de paradigma entre autoridades locales; y establecer una cultura de respeto al peatón, ciclista y transporte público.
“Cada día que no se logre implementar la Ley, perdemos vidas por hechos viales. Además, tenemos que lograr su aprobación inmediata que coincidirá con el anunció que la Asamblea General de Naciones Unidas; que en junio se reunirá para dar forma al nuevo decenio de la seguridad vial”, añadió.
Finalmente, Nicolas Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transportistas y Movilidad (AMTM) y Jesús Padilla, fundador de la AMTM, resaltaron su compromiso para identificar en conjunto acciones y soluciones hacia mejores sistemas de transporte en el país.
Asimismo, mencionaron que esta industria da empleo a más de 400,000 personas que prestan el servicio como operadores o propietarios. Además, de este sector dependen más de 160,000 empleos, principalmente de conductores de vehículos de transporte, y da servicio a los hogares de menores ingresos.
Los empresarios aseguraron que el gran problema del transporte público es la falta de financiamiento de las autoridades; por lo que plantearon la necesidad de analizar las tarifas, que no son suficientes para implementar la modernización del sector.
