Los choferes que presten servicio a través de plataformas digitales tendrán que portar licencias especiales, al igual que los conductores de taxis
Desde el pasado lunes 13 de mayo de 2019, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), inició el trámite digital para la expedición de licencias tipo B, para los conductores de transporte público concesionado individual (taxi), y E1, especial para los conductores que presten servicio a través de aplicaciones.
Antes, el proceso era exclusivo de los conductores de taxis, quienes debían acudir a entregar documentos a un módulo de atención de la Semovi y conseguir una cita en el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES) para un proceso de capacitación y pruebas de salud y manejo, para, finalmente, volver al módulo por su licencia.
Con el nuevo proceso, que se realizará tanto por taxistas como por conductores de servicios de plataformas digitales, la documentación se envía de manera digital, se recibe la cita con el CENFES y se recoge la licencia en alguno de los módulos de Semovi, que se localizan en distintos puntos de la Ciudad de México.
Esta medida tiene como objetivo el proteger a los usuarios, así como mejorar el servicio y las condiciones de trabajo de los conductores. Por ello, todos los choferes de automóviles solicitados a través de aplicaciones digitales deberán portar licencias especiales de la misma manera que los taxistas, a más tardar en noviembre del año en curso.
Los costos de las licencias tipo B continúan siendo de 1,040 pesos por 1 año y 1,565 pesos por 3 años, y en la CENFES son de 1,000 pesos por expedición y 900 pesos por renovación. La Semovi aún no ha dado a conocer los lineamientos específicos para las licencias tipo E1.
De acuerdo con la Secretaría, con estas acciones el Gobierno de la CDMX equilibrará los requisitos para los servicios de taxi y de plataformas digitales, y mejorará el servicio para los usuarios. Además de que se tendrá una mayor eficiencia burocrática con la simplificación de trámites, con lo que se reducirá la corrupción y se tendrá un mejor control que permita elaborar políticas regulatorias.
