Por Carmen Contreras*
Una ciudad que cuenta con entornos escolares seguros y con políticas para la movilidad de cuidados en las cuales las infraestructuras y servicios de transporte público constituyen una prioridad en los presupuestos, muestra que está preparada para garantizar el derecho a la educación para el futuro. Es decir, para la educación de niñas, niños y jóvenes en el presente. Una dimensión de la movilidad de cuidados la constituyen los viajes de la casa a la escuela.
En los hogares y en el camino hacia un nuevo ciclo escolar posterior al confinamiento, se plantean varios retos entre familiares y conocidos a cargo de niñas y niños, entre personas que de manera profesional los cuidan y para quienes ejercen la profesión de educadores.
Entre estos retos está regresar al uso frecuente del transporte público de gran capacidad como el Metro con la Línea 12 cerrada y la Línea 1 en reparación, afrontar la violencia vial que cobró 420 vidas el año pasado y administrar los recursos familiares para la movilidad en un año con inflación en alimentos y con un aumento de la tarifa para el transporte público, tanto de ruta, como de corredores urbanos, sin que haya ninguna mejora cuantificable en ambos servicios.
A ello se suma la preocupación por los contagios en las aglomeraciones, la incertidumbre por la lentitud de la vacunación a niños y niñas que empezó a fuerza de amparos promovidos por sus tutores y ahora se administra en la capital con información sin actualizar de los puntos de vacunación y pruebas de detección de COVID19.
En suma, se esperan verdaderas hazañas de padres, madres y, en general, de personas cuidadoras para que en el próximo regreso a clases afronten “como puedan” la tarea de llevar con bien a los escolares a su destino.
Una vez más, si de cuidar se trata, el Estado se deslinda sin ofrecer, -desde las instituciones gubernamentales a cargo del sector movilidad-, información útil para quienes acompañan a sus hijos, hijas o nietos y nietas a las escuelas. Se deslinda de hacer operativos que vayan más allá de los quince primeros días posteriores al aumento de la tarifa de microbuses o bien, de garantizar la disponibilidad de vehículos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) para la demanda que aumentará cuando regresen las y los niños a las escuelas.
Algunas usuarias no olvidamos que al menos 20% de estos vehículos de la RTP y del STE deben estar equipados para la accesibilidad de personas con discapacidad o con dificultades para moverse y que los servicios de las unidades Atenea exclusivos para mujeres son cada vez menos frecuentes a pesar de su utilidad para quienes cuidan o están embarazadas.
Si bien, en lo que a movilidad peatonal se refiere, las inmediaciones de las escuelas son responsabilidad de los gobiernos locales de las alcaldías; las áreas de gobierno central deben actuar coordinadamente con sus autoridades para ofrecer caminos seguros, iluminados, paradas de transporte bien señalizadas y que puedan ser visibles entre puestos callejeros.
De la casa a la escuela los servicios de transporte y la calidad de los equipamientos para una movilidad segura son determinantes para la asistencia de niños y niñas a clases presenciales. Las experiencias en sus trayectos, si son tortuosos o no, influyen en su ánimo para seguir asistiendo. Lo mismo ocurre con las personas adultas que los acompañan y quienes destinan 40% de sus ingresos para poder llevarlos a los planteles. En este tema es claro cómo se interrelacionan los derechos: a la educación, a la movilidad y al cuidado.
Por último, es necesario señalar que en la Ciudad de México, las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Azcapotzalco cuentan con el 40% de personas cuidadoras de niñas y niños de 0 a 14 años que ya son adultas mayores, probablemente son abuelos cuidadores. Por ello cabe preguntarse: ¿Quiénes son las personas que se desplazan por la ciudad acompañando a niños y niñas a sus escuelas? ¿Qué servicios de movilidad se han diseñado e implementado para ellos y ellas? ¿Qué porcentaje de los recursos monetarios que reciben las personas adultas mayores por concepto de apoyos gubernamentales son destinados a la movilidad de cuidado y a llevar a sus nietos a las escuelas? ¿Estos programas pueden ser considerados como un pago mínimo sobre un trabajo que está sustituyendo las responsabilidades estatales? ¿Seguirán las abuelas y abuelos subsidiando el trabajo de cuidados que los recortes gubernamentales a estancias infantiles han trasladado a los hogares? Estas y otras preguntas son necesarias cuando se trata de hablar de movilidad de cuidados y de las garantías para la educación formal como condiciones de una ciudad diversa, incluyente e igualitaria.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectiva de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
@Utopia_Urbana
