El director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Sectei, mencionó que la finalidad de la reforma es que haya energía eléctrica a precios justos y accesibles
En el marco del Foro 18: Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático, del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica, funcionarios, especialistas, investigadores y sociedad civil se dieron cita para dialogar en torno a la transición energética en México.
La diputada Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que solo se logrará la transición hacia energías asequibles y no contaminantes mediante la adopción de criterios de eficiencia energética en la industria.
“Es indispensable mirar hacia los acuerdos de la comunidad internacional; a fin de actuar de manera coordinada hacia la misma ruta”, dijo. Añadió que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen esa ruta para que todos los países “transitemos hacia la sostenibilidad y nadie se quede atrás; particularmente en una nación con profundas desigualdades, como México”.
Por su parte, José Rosas Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei), mencionó que la finalidad de la reforma es que haya energía eléctrica a precios justos y accesibles; además de que apoye a la competitividad del país.
Asimismo, indicó que la reforma no excluye a la iniciativa privada; sino que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cree una sinergia. Por otro lado, la propuesta sí incluye su responsabilidad en energías limpias, en la transición energética y en la soberanía y seguridad.
“Todas y todos tenemos necesidad de energía eléctrica. México no está tan mal en sus metas de la Agenda 2030; actualmente se tiene el 30% de energías de tecnologías limpias”, abundó.
Dacsina Peto Vonduben, subdirectora de Investigación en la Dirección de Inteligencia Energética de CFE, comentó que la reforma pretende establecer a la energía eléctrica como un derecho humano; acorde a los objetivos de la Agenda 2030.
Agregó que las energías renovables serán la fuente principal para la nueva generación de electricidad; pero se utilizará gas natural, carbón y baterías para ayudar a cumplir con la carga y respaldar la confiabilidad de la red.
Por otro lado, Ninel Escobar, de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza, señaló que la iniciativa de reforma eléctrica genera incertidumbre regulatoria para la inversión privada; además de que no contempla los proyectos comunitarios.
“No reconoce el papel de los distintos actores de la sociedad en la transición energética hacia un sistema eléctrico descarbonizado, pero sobre todo democratizado”, aseveró.
En tanto, José Luis Luege, presidente de la asociación civil Ciudad Posible, señaló que la reforma eléctrica “incumple compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones e incorporación de mayor porcentaje de uso de energía renovables en la generación eléctrica”.
Además de que afectaría la salud de millones de personas; debido al incremento en la contaminación de la atmósfera por mayores emisiones de dióxido de azufre y partículas. Esto porque la iniciativa busca la autosuficiencia basada en convertir el petróleo crudo en combustible; “esto es materialmente imposible en el corto y mediano plazos”, expresó.
