De acuerdo con el Censo de personas con discapacidad, del Inegi, en México se contabilizan a poco más de 6 millones de personas; es decir, el 5% de la población
La diputada Yolanda de la Torre Valdez presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 y adicionar un artículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esto con el propósito de garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad de este sector de la población mexicana.
El documento señala que la accesibilidad y la movilidad son derechos que deben garantizarse en la ley y en el presupuesto. Por ello, propone adicionar el Artículo 19 Bis; a fin de estipular que los Gobiernos promuevan la disponibilidad de recursos para garantizar el derecho a la movilidad.
De igual manera, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deberán generar mecanismos y fuentes de financiamiento; contemplando, entre otros, el Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad.
Por otro lado, la iniciativa plantea la modificación de la fracción II del artículo 19 para cambiar la palabra ‘Promover’ por ‘Establecer’. Esto con el objetivo de que, en el transporte público, se garantice a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios; incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.
El documento, remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destaca que, de acuerdo con el Censo de personas con discapacidad, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México se contabilizan a poco más de 6 millones de personas; es decir, el 5% de la población.
“Existe un incremento relevante, sin considerar que la situación post pandemia ha generado nuevos índices de vulnerabilidad; lo que incluye la necesidad de ampliar y adecuar la infraestructura, establecer más programas y mayores apoyos. En la actualidad son más las familias que cuentan con algún miembro en situación de discapacidad”, menciona.
Asimismo, indica que México tiene un problema serio en materia de salud, desigualdad social y económica que afecta a la población con discapacidad; ya que viola la garantía de ejercicio de sus derechos humanos y no permite su desarrollo, autonomía, igualdad; así como equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.
