La Ley de Propiedad en Condominio señala que los constructores de obras pagarán una fianza que garantice la conformidad de la construcción
El régimen condominal es un instrumento jurídico imprescindible para la venta de conjuntos habitacionales y edificios departamentales, debido a que facilita la libre disposición de las áreas privativas y a la vez, regula la convivencia y administración de las áreas comunes. Al respecto, los constructores suelen constituir el régimen de propiedad en condominio ante un notario público, siempre anticipadamente a la venta de un inmueble, esto con el objetivo de tener la libertad y posibilidad de entregar escrituras por áreas privativas enajenadas.
En el pasado, de manera general, la ley consideraba una cantidad determinada de requisitos por cumplir con relación a la acreditación de la propiedad, descripción del inmueble, distribución de las zonas que lo conforman, valuación de las áreas privativas; además de uso y características de las áreas generales, reglamento interno del condominio y la obligación de contar con un seguro para responder contra calamidades.
Sin embargo, en marzo de este año, la Ley de Propiedad en Condominio sufrió modificaciones, en las que se incluyó que los constructores de obras no habitacionales superiores a 5,000 metros cuadrados, o habitacionales de 10,000 o más, tendrán como requisito el garantizar a través de una fianza, la conformidad de la construcción respecto al proyecto autorizado. Dicha garantía tendrá que corresponder con el avalúo comercial de la edificación, debido a esto, habrá casos en los que el valor se incrementará hasta 50% más. Asimismo, los constructores estarán comprometidos a responder por los vicios de la obra por un periodo de 10 años.
La exigencia de las fianzas para promover la renovación y desarrollo inmobiliarios, a pesar de la derrama económica que produce actualmente y la fuente de empleos que representa, ha causado polémica en el sector, dado que empresarios de la industria se han visto en apuros con el vencimiento de los plazos que la ley concede para la impugnación mediante un ámparo.
Ante tal escenario, Lydia Álvarez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), informó que en la Ciudad de México sólo se construirán 10,000 de las 20,000 viviendas que se tenían comprometidas para este año.
Álvarez señaló que “en 2017 estamos detenidos porque salió una ley condominal que nos fuerza a una fianza y salió una máxima publicitación vecinal, que nadie entiende bien en qué consiste y todo eso está deteniendo hoy. No hay una manifestación de construcción nueva desde el mes de febrero”.
En opinión de la presidenta, por un lado está la Ley y la Norma General de Vivienda para Trabajadores, las cuales impulsan al sector; no obstante, ello se ve truncado gracias a la Ley de Propiedad de Condominio establece fianzas impagables. Aunado a esto, la Ley de Desarrollo Urbano y sus recientes reformas, contemplan un procedimiento denominado máxima publicitación vecinal, cuyo objetivo es que los vecinos estén al tanto de los detalles en los proyectos inmobiliarios; sin embargo, no se expone bajo qué mecanismos hacerlo.
Tras firmar el Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, la titular de la Canadevi explicó que se deberían generar un rango de 20,000 y 25,000 viviendas al año. Hoy en día, la producción no llega a estos números, puesto que permanece en 7,000 y de éstas, una cantidad mínima quebranta la normatividad vigente. Por esa razón, exhortó a la ciudadanía para brindar apoyo a empresas formales enfocadas al desarrollo inmobiliario, así como evitar recurrir a aquellas que no pertenezcan a las asociaciones formales del ramo.
