La Política Nacional de Suelo será el instrumento que ponga al suelo como centro de la planeación del desarrollo urbano; el incentivo financiero será un aliciente para su adopción a nivel municipal: Insus
El pasado 10 de agosto de 2020, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) dio a conocer la Política Nacional de Suelo (PNS). Con este documento, precisaron, se busca orientar la toma de decisiones en materia de uso de suelo en el territorio urbano mexicano.
“Este documento es un instrumento de política pública que establece una serie de conceptos, fundamentos y criterios técnicos para orientar la toma de decisiones respecto a la problemática relacionada con el uso, aprovechamiento, ocupación y conservación del suelo en las ciudades mexicanas”.
De acuerdo con Alfonso Iracheta, director del Insus, cualquier decisión política en asuntos del territorio debe tener como base una política de suelo. En entrevista exclusiva para Revista Vivienda, aseguró que cualquier decisión de política pública relacionada con el desarrollo urbano necesariamente tiene que surgir de una política de suelo.
“Una política que sirva para gestionar de mejor forma el territorio, que permita controlar la ocupación del suelo y que, de ese modo, sirva como como la base como el fundamento para todas las demás propuestas que se hagan”.
El reto en el ámbito municipal
Alfonso Iracheta recordó que por mandato municipal, el uso de suelo está determinado por autoridades municipales. No obstante, subrayó que el gobierno federal tiene capacidad para incidir en el uso del suelo de forma directa a través de instituciones públicas de financiamiento de infraestructura social y urbana.
“El gobierno federal si tiene una capacidad de incidir de forma directa y lo hace a través de varios mecanismos: a través de los principales organismos de financiamiento, tanto de la vivienda como del desarrollo urbano y de la infraestructura.
“Son organismos del gobierno federal, ahí tenemos el Infonavit, al Fovissste, la Sociedad Hipotecaria Federal y Banobras; a través de cómo conducen esta o cómo orientan esta inversión pueden influir de forma indirecta en las decisiones que se toman respecto al suelo”.
No obstante su carácter sugerente y no impositivo, el directivo confía en que sea implementada en la práctica dado que enmarca muchas de la prioridades y objetivos de la administración.
“No es un instrumento que sea de aplicación obligatoria por ley no está considerado ninguna ley y si refleja muchas de las prioridades y de los objetivos que busca el gobierno federal en este ramo específico entonces cuentan con todo el apoyo en este sentido tanto financiero como de orientación de política pública de la propia SEDATU”.
La PNS abriría camino al financiamiento municipal
Uno de los puntos principales que hacen que el director del Insus se muestre confiado respecto a la consolidación de la PNS es que esta plantea mecanismos de financiamiento y generación de capacidades para los municipios.
Alfonso Iracheta apuntó que los gobiernos municipales saben que no cuentan con el financiamiento adecuado para proveer satisfactoriamente los bienes y servicios que su comunidad demanda, por lo que la PNS se puede ver como su aliada.
“Algunos de los planteamientos que vienen en esta Política Nacional del Suelo hablan precisamente de mecanismos que podrían servir para el financiamiento y la generación de capacidades de los municipios […] es un incentivo muy fuerte para los gobiernos locales buscar seguir las orientaciones que estamos planteando ya que van a representar una ampliación de su capacidad financiera y técnica”.
Asentamientos irregulares y captación de plusvalías
José Alfonso Iracheta dimensionó el impacto que ha tenido la ausencia de planeación y gestión del municipio y su expresión más visible: los asentamientos irregulares.
Apuntó que según las estimaciones del Instituto a su cargo el costo de ofertar servicios en zonas irregulares puede llegar a ser 8 veces mayor a lo que costaría en un área consolidada.
Así mismo, el hecho de estar en una zona que no cuenta con catastro implica no tener una cuenta predial, no pagar ese impuesto y por ende, el municipio tiene una carga pero no un ingreso que compense la carga financiera.
En ese tenor adelantó que la Política de Suelo introducirá, de nueva cuenta, el tema de la captación de plusvalías en las discusiones sobre la gestión y administración del suelo.
El enfoque es, subrayó, comenzar con un cambio de paradigma y el rompimiento de ideas erróneas que han permeado en todos los sectores de la sociedad sobre las plusvalías.
El funcionario dijo que existe la costumbre de pagar un impuesto predial muy bajo y exigir servicios de calidad altos. En ese contexto, continuó, se expondrá a detalle los instrumentos de gestión del suelo al tiempo que se trabajará en la construcción de ciudadanía, de empoderamiento y de formación de capacidades en todos los niveles de gobierno.
Alianzas con el sector privado y los ejidatarios
Desde el Instituto de Suelo Sustentable se considera esencial la participación de la Iniciativa Privada en la construcción de ciudad. Alfonso Iracheta señaló que el éxito en la gestión del suelo se obtendrá si y solo si se suscita un intenso trabajo en conjunto entre el gobierno y los privados.
“Creo que la única forma es a través de una colaboración intensa con el gobierno con el estado yo estoy convencido de que el financiamiento público los subsidios u otro tipo de mecanismos de este tipo nunca van a alcanzar”.
Además, explicó el actual proceso de ocupación del suelo, esto desde la perspectiva de tenedores y compradores. Recordó que los ejidatarios normalmente ocupan el suelo y lotifican en zonas no aptas para los asentamientos humanos.
En el otro lado de la balanza están los desarrolladores buscando el suelo más barato posible para construir casas vendibles en el mercado formal, estrategia que excluye a una gran proporción de la población mexicana, puntualizó Iracheta.
La clave está, concluyó en sentar a todos los involucrados, el Estado en su papel de rector, el ejidatario y el desarrollador y plantear proyectos responsables con el desarrollo urbano sostenible y que beneficie a todos los implicados.
“Qué pasaría si nos sentábamos a platicar dueño del suelo, inversionista y desarrollador: vamos a hacer un proyecto juntos que además de que cuenta con todo con el visto bueno digamos del Estado.
“Con todos los incentivos financieros, económicos, de infraestructura, de vivienda, del suelo de interés, un paquete de incentivos en una zona específica de la ciudad que nos interesa que se consolide o a lo mejor es del crecimiento pero que es un crecimiento planificado.
Este texto se incluye en la edición 127 de Revista Vivienda
