Por Román Meyer Falcón
No es la primera vez que el país enfrenta disputas por el territorio entre los dueños del capital y las autoridades.
En el Siglo XIX, los liberales se enfrentaron a uno de los grandes retos en términos de apropiación del territorio nacional. En ese momento, la Iglesia Católica constituía, como lo afirma Héctor Díaz Polanco, “un Estado dentro del Estado”.
No hay duda de que la institución religiosa acumuló a lo largo de tres siglos un extraordinario poder político, ideológico y económico. Ello implicó la posesión de grandes porciones de tierra y cuantiosos capitales.
En ese contexto, los conservadores de la época promovieron alianzas con naciones extranjeras, así como revueltas internas en contra de la República liberal. Finalmente, pocos terminarían beneficiándose con el traspaso de los bienes de la Iglesia, a manos privadas. Por esta razón, los liberales del Siglo XIX identificaron como una de sus principales tareas recuperar la propiedad del territorio en beneficio de todos sus habitantes, la que fue una de sus herencias con mayor trascendencia.
Las reformas emprendidas por los liberales de aquella época tenían como fin la separación de la Iglesia y el Estado, como una vía para terminar con los remanentes del pasado virreinal y construir una verdadera república independiente.
Una acción emblemática en este campo fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859. Esta, tuvo gran impacto, en lo político y en lo económico.
Hoy, a más de 160 años de la publicación de dicha ley, vemos el grado en que el Estado mexicano se había ausentado de su territorio.
Lo que en aquel entonces había hecho la jerarquía católica, ahora lo ha estado haciendo una mafia de cuello blanco asociada con una clase política corrupta, que durante los últimos 30 años despojó a los mexicanos de parte sustantiva de su territorio.
La marca de esta etapa fueron los actos de corrupción, el desvío de recursos, un desorganizado desarrollo urbano, documentos falsos, la regularización ilegítima y las privatizaciones ilegales; además, la política territorial, durante la larga noche neoliberal, fue de despojo y abandono, dejando a las ciudades, ejidos y comunidades a su suerte.
Ese vacío que dejó el Estado fue ocupado por los especuladores; por los dueños de ciertas industrias extractivas y en algunos casos, por el crimen organizado.
En 2013 hubo una señal de esperanza con la creación de la Sedatu; una secretaría cuya misión es recuperar la rectoría del Estado sobre el territorio nacional.
Lamentablemente, en la práctica, esa Secretaría pasó de tener uno de los propósitos más nobles y necesarios para la construcción de un país más justo, a convertirse en uno de los símbolos de la corrupción imperante.
En diciembre de 2018, cuando llegamos a Sedatu, nos encontramos con las terribles consecuencias de la simulación y el abuso de muchos de quienes ocupaban estos puestos. En este sentido, la instrucción del presidente de la República fue, en primer lugar, ocupar el vacío que había dejado el Estado mexicano en materia de política territorial.
Aquí debo de hacer varios reconocimientos. Para empezar, uno a esta soberanía. Gracias al trabajo de las diputadas y los diputados, hoy la Sedatu tiene la capacidad institucional de responder a su verdadera vocación para ordenar, y en su caso defender el territorio, a través de la norma pero también de la acción.
Aprovecho también para reconocer a los gobiernos estatales, municipales y a otras dependencias federales con quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar en el diseño de nuevas políticas públicas territoriales centradas en los ciudadanos.
Además, quiero atestiguar la labor de todas y todos los funcionarios públicos que conforman estas instituciones que desde el primer día, cumplen con la instrucción de librar un combate frontal contra las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros, el tráfico de influencias, el amiguismo y el aprovechamiento del cargo, para obtener cualquier beneficio personal, o de grupo.
En pocas palabras, hoy somos en Sedatu, un grupo de mujeres y hombres con una visión más fresca, con más facultades, con más experiencia y con el conocimiento técnico que nos permite dedicarnos a defender el patrimonio de las personas que más lo necesitan; el patrimonio de la Nación y cumplir con la gran tarea de que nadie se quede atrás.
Hoy la Sedatu, la Comisión Nacional de Vivienda, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, los organismos nacionales de vivienda y todas las demás dependencias sectorizadas, trabajamos para defender el territorio.
Esta nueva visión implica reconocer la importancia económica, política y social del territorio. Entendemos que el papel del Estado en materia de ordenamiento territorial, consiste en poner una dimensión geográfica y espacial al desarrollo económico, equitativo e incluyente y al mismo tiempo, reducir los efectos nocivos de este.
Vemos también en el desarrollo urbano la oportunidad para cambiar la estructura física de nuestras ciudades promoviendo un crecimiento ordenado y el goce de todos al derecho a la ciudad.
Estamos, sobre todo, comprometidos con dar atención ahí donde históricamente no se ha hecho, y en acercarnos a quienes más lo necesitan; además, de la mano con los ejidos y las comunidades, recuperar el territorio nacional.
A 11 meses seguimos reconstruyendo la casa, utilizando eficientemente los recursos y superando décadas de abandono y simulación.
¿Cómo lo estamos haciendo? Para poner la casa en orden estamos actuando a partir de cuatro grandes principios transversales:
- Coordinación,
- Honestidad,
- Justicia y
- Eficiencia.
Primero nos coordinamos adentro para luego poder hacerlo afuera. A 11 meses de iniciada la Cuarta Transformación, todas las instancias que tienen impacto en el desarrollo territorial compartimos la misma visión y propósito.
No solo eso; hemos creado espacios de coordinación intersecretarial y mesas con los tres niveles de gobierno para poder ejecutar, con mayor efectividad, nuestro mandato. Adicionalmente, asumimos la cultura y compromiso de cero corrupción y total transparencia en las acciones del sector. Hemos dado prioridad a quienes más lo necesitan iniciando nuestras intervenciones no donde hay mayor rentabilidad política; sino en las comunidades y regiones a las que nunca se les había escuchado.
Todo esto lo hemos logrado maximizando los recursos con los que contamos, tomando decisiones, tanto normativas como operativas, con el más alto rigor técnico.
¿Qué hemos logrado? Tenemos cinco grandes fines:
- Primero. Concluir la reconstrucción del país tras los sismos de 2017 y 2018, y lo hacemos a través del Programa Nacional para la Reconstrucción.
- Segundo. Contribuir a la transformación del territorio desde sus ciudades, con el Programa de Mejoramiento Urbano.
- Tercero. Establecer una nueva política de vivienda, con un auténtico corte social, a través del Programa Nacional de Vivienda.
- Cuarto. Ordenar el territorio nacional, partiendo de la necesidad de armonizar, las responsabilidades de cada dependencia y gobierno, entendiendo la realidad social, económica, ambiental, e incluso cultural del territorio. Y
- Quinto. Salvaguardar la propiedad social y la que pertenece a la nación. Buscamos garantizar los derechos de los ejidos y comunidades agrarias, así como defender los terrenos que son patrimonio de México.
En reconstrucción, nos hemos dedicado a recuperar el tiempo perdido. Al llegar, lo que encontramos fue una desarticulación en las estrategias del sector. Nos dejaron inconsistencias en la información, censos incompletos, un nulo acompañamiento técnico y cero visitas de supervisión.
Desde el periodo mismo de la transición encuestamos de manera aleatoria a poco más de 3,000 familias. En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, más de la mitad de las familias recibieron apoyos incompletos. Hubo algunas que, a pesar de haber sido censadas y haber recibido un folio, jamás recibieron los recursos. Por sólo dar un ejemplo, esto sucedió en una de cada tres familias en Chiapas.
Desde el primer día nos dedicamos a recuperar el tiempo perdido. Con la coordinación de la Sedatu, las Secretarías de Educación, Cultura, Salud; así como la Conavi y el IMSS, comenzamos a diseñar una estrategia común que nos permitiera ir reconstruyendo el patrimonio de las familias y de la nación.
Hasta el día de hoy, se han firmado convenios de colaboración con los gobiernos estatales y se han instalado las Coordinaciones Estatales para la reconstrucción en siete entidades.
En el caso de la vivienda, todas las familias están recibiendo asistencia técnica en la reconstrucción de sus hogares. Los procesos se están llevando con un estricto apego a las normas en materia de seguridad estructural. Procuramos una ubicación segura y evitar las zonas de riesgo.
De la misma forma, las intervenciones en vivienda se adecúan a las características de cada región, e incluso de cada localidad.
En términos globales y considerando lo que efectivamente hizo la administración anterior, contemplamos cerrar este año con 41% de avance en vivienda y 71% en los sectores de educación, salud y cultura.
Quisiera dejar claro que la reconstrucción no se detendrá sino hasta que todas las viviendas, escuelas, edificios culturales y centros de salud estén en pie. Como lo dijo el presidente, no se escatimarán recursos.
Otro programa prioritario de este sexenio es el de Mejoramiento Urbano. En esta materia, los retos para el país son muy grandes. Hoy en día prácticamente 90% de los municipios de México carecen de planes de desarrollo urbano actualizados, o no cuentan con uno, lo que nos ha llevado a tener ciudades desiguales.
Tal es el caso de Los Cabos, una ciudad paradisiaca en la que una noche de hotel puede llegar a costar casi 100,000 pesos, mientras que la tercera parte de su población vive en situación de pobreza.
En respuesta a esta inaceptable realidad, estamos ejecutando el Programa de Mejoramiento Urbano, concebido como una nueva forma de hacer ciudad; dignificando los territorios olvidados y trabajando con los habitantes de las comunidades.
Con este programa pasamos de ser una Sedatu que sólo repartía dinero de forma opaca, a ser una Sedatu que convoca y propicia el diálogo abierto y que se coordina con los gobiernos locales trabajando directamente con las comunidades.
Como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, este año se realizan obras de mejoramiento integral de barrios, de vivienda y de certeza jurídica, en 10 ciudades de la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Nogales, Piedras Negras, Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Además, el programa incluye a otras cuatro ciudades turísticas: Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad.
En la vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, a inicios del mes de noviembre se reportan 291 obras en proceso que, en coordinación con los municipios, estamos construyendo escuelas, centros comunitarios, parques, vialidades, centros de salud, mercados, entre otros.
En la vertiente de vivienda, a la fecha, la Conavi ha aprobado cerca de 17,000 acciones de vivienda que beneficiarán de manera directa a más de 60,000 personas en estas ciudades. Además, se estima que a lo largo de la ejecución de estas obras, los procesos de construcción generarán más de 37,000 empleos directos y más de 45,000 indirectos, fortaleciendo la economía local y aprovechando la mano de obra de la región.
Un aspecto vital es la regularización y certeza jurídica de las viviendas en las zonas de intervención. A través del Insus, con corte al cuatro de noviembre, se han beneficiado a más de 10,000 personas.
Con este programa, estamos llevando la presencia y la acción constructiva del Estado mexicano a los lugares que estaban siendo secuestrados por intereses particulares y criminales.
Por cada intervención se busca mejorar integralmente la calidad vida de todas las personas e incidir positivamente en los niveles de bienestar y seguridad.
Pongo el ejemplo de Reynosa, Tamaulipas, en donde hoy, nueve de cada 10 personas se sienten inseguras en sus propias comunidades.
Con una inversión de más de 500 millones de pesos, se desarrollarán y rescatarán parques, centros deportivos, mercados y centros comunitarios; también se rehabilitarán calles y se mejorarán viviendas en las colonias con mayores índices de violencia y marginación de Reynosa.
En materia de vivienda, el cambio de paradigma es total. Por muchos años la política de vivienda en México respondió a criterios estrictamente comerciales y financieros.
La vivienda dejó de tener un sentido social y se abandonó la idea de que es una herramienta fundamental para la creación de comunidad.
Hoy, en México hay más de 650,000 viviendas abandonadas. Para dimensionar este dato, aquí cabe toda la población de la zona metropolitana de Puebla.
Conavi identificó la necesidad de 9 millones de acciones de vivienda, principalmente de mejora y ampliación, concentradas en el sur y sureste del país.
De la misma manera, la política de subsidios para la adquisición de vivienda de los trabajadores generó distorsiones en la cadena productiva; por ejemplo, 15% de las viviendas subsidiadas en 2010 hoy están abandonadas y se ha observado, de acuerdo, con mediciones del Infonavit, que las viviendas que se adquirieron con subsidio tenían el precio inflado hasta en 27%, en comparación con aquellas que no lo tenían.
Además, al día de hoy, de acuerdo con el Coneval, dos terceras partes de la población no pueden acceder al mercado hipotecario formal debido a sus bajos ingresos.
Para ir cambiando esta realidad hemos conformado una visión integral respecto a la vivienda y la atención que se otorga desde el Estado mexicano. Por eso, rumbo al Programa Nacional de Vivienda, se están escuchando las voces de todos los actores involucrados. En los últimos tres meses se han llevado a cabo cinco foros regionales con la participación de alrededor de 400 expertos, académicos, funcionarios; así como representantes del sector privado.
Este importante programa será anunciado en las próximas semanas y será la guía de todas las estrategias de vivienda del sector público. Además, será la primera estrategia de vivienda a nivel mundial que se alineará con los siete elementos de la vivienda adecuada de ONU-Hábitat. En este contexto, y con la idea de atender a la población no derechohabiente, el trabajo de la Conavi, con el Programa de Vivienda Social, es fundamental.
Al mes de septiembre, el Comité de Financiamiento de la Conavi había aprobado el presupuesto necesario para realizar 38,000 acciones de vivienda, lo que representa 84% de avance respecto al presupuesto total del programa.
Aquí me gustaría señalar la vocación de este programa para igualar oportunidades. Además de concentrar sus esfuerzos en la región del sur-sureste, 70% de los apoyos ha sido entregado a mujeres y todos con acompañamiento técnico.
En el caso del Infonavit, desde los primeros días de esta administración se trabajó en construir una relación directa, cercana y frecuente con los derechohabientes, desarrollando soluciones financieras sencillas y flexibles, así como una operación eficiente y transparente.
Les comparto los avances en tres de las principales estrategias del Infonavit:
- Uno: se aumentó el monto máximo de crédito a los trabajadores que ganan hasta 7,000 pesos mensuales. Ello se traduce un incremento del 16% acorde al aumento del salario mínimo. A partir de julio que se puso en vigor el nuevo monto se ha acelerado la colocación de vivienda económica en un 30% respecto al primer semestre del año. Esto evidencia el compromiso del gobierno por potenciar el desarrollo económico de nuestro país en un sector tan importante como es la vivienda.
- Dos: se diseñó y se está operando el Programa de Responsabilidad Compartida. Con esta estrategia, el saldo de los créditos se ajusta a la baja y se da un esquema de pagos congelados por lo que resta del préstamo. A octubre de 2019, se tiene un avance de 98,000 créditos con un descuento promedio de 250,000 pesos por préstamo. Este es ya el programa más exitoso en la historia del instituto y se pretende que se mantenga todo el sexenio para beneficiar a cerca de 800,000 trabajadores.
- Tres: se lanzó el programa 90-10 para premiar el pago puntual de los trabajadores. Con este servicio, a las familias que hayan cubierto de forma cumplida 90% de su crédito se les condonará el resto. Este programa beneficiará a cerca de 40,000 acreditados en 2019.
En materia de ordenamiento, estamos trabajando para recuperar la función social y ambiental del territorio. Las problemáticas que enfrentamos en materia de ordenamiento territorial requieren de voluntad y coordinación. Por esta razón, en octubre pusimos en marcha el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial; un órgano consultivo integrado por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como representantes de estados y municipios, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y de la sociedad civil.
Al interior de este consejo se aprobará la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que desde diciembre de 2018 hemos venido trabajando con la UNAM, en cooperación técnica con el BID.
Este documento inédito en nuestro país, nos permitirá avanzar hacia la correcta gobernanza del territorio pues en él se establecen las acciones específicas para una coordinación efectiva del sector público.
También desde diciembre, impulsamos la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México. Este será un instrumento que busca garantizar el derecho de todas y todos a la ciudad y sobre todo, acabar con los desequilibrios y desigualdades que provoca el desarrollo urbano desordenado en la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México. Hoy en día, este proyecto de ley ya fue aprobado por los tres congresos locales y será puesto a discusión del Legislativo federal.
De la misma forma, pusimos en marcha el proceso de armonización de la Ley de Movilidad con las entidades federativas. En este proceso se busca generar recomendaciones mediante un Marco Normativo Modelo con la idea de facilitar que los Congresos estatales actualicen sus normas y que en ellas incluyan dos perspectivas fundamentales: la del cambio climático y la de derechos humanos.
Frente a los conflictos que hoy se ven respecto a los modelos de movilidad, les digo de forma clara : en la Sedatu estamos trabajando por el ciudadano. Se debe buscar el equilibrio regulatorio para permitir la innovación en movilidad, a la vez que se cuida la seguridad de los usuarios y se evita la congestión de las ciudades.
Esta actividad la hemos llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Semarnat; así como con los Congresos locales que se han interesado.
Otro ejemplo del trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno es el Aeropuerto de Santa Lucía.
Para garantizar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumpla con las más altas normas de seguridad internacionales y nacionales, trabajamos con otras dependencias en la adquisición de suelo estratégico para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto aeroportuario.
No se ha promovido ningún tipo de intermediación o especulación inmobiliaria como sí los hubo en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Este gobierno se ha conducido con absoluta honestidad y transparencia en todo este proceso.
También trabajamos para garantizar el desarrollo y defensa del territorio de los ejidos y comunidades agrarias.
En décadas pasadas, el ejido y la comunidad fueron olvidados por el modelo económico neoliberal. La organización comunitaria, emblema de numerosos núcleos agrarios, fue vista como una amenaza al mercado y por lo mismo, los gobiernos buscaron limitarla.
Por décadas, las instituciones del sector agrario, en vez de velar por los derechos de los ejidos y comunidades, se convirtieron en agentes inmobiliarios que facilitaban el despojo de tierras. Estas prácticas sumieron a los sujetos agrarios en la pobreza y marginación. En la actual administración, estamos convencidos que el desarrollo territorial no puede pensarse sin los ejidos y comunidades agrarias.
En este sentido, la Sedatu se encuentra en el proceso de elaboración de la Política Nacional Agraria. Esta política tiene como objetivo fortalecer a los ejidos y comunidades como actores del desarrollo nacional.
Para lograr este objetivo, la Política Nacional Agraria estará conformada por los siguientes cuatro ejes estratégicos:
- En primer lugar, defenderemos la tierra de los núcleos agrarios ante acciones de despojo en todo el país. Esta estrategia ya comenzó en la Península de Yucatán, con apoyo de la Procuraduría Agraria y en coordinación con el Registro Agrario Nacional, para detener la especulación y el robo de tierras.
- En segundo término, estamos trabajando en acciones puntuales para incentivar el relevo generacional en los núcleos agrarios. Actualmente nos encontramos laborando con las Secretarías de Bienestar y del Trabajo para diseñar las acciones que darán inicio en 2020.
- Un tercer componente es la protección de los recursos naturales dentro de los núcleos agrarios. Para ello, estamos colaborando con la Semarnat para fomentar el cuidado y aprovechamiento forestal en las tierras de dichos núcleos.
- Por último, la Política Nacional Agraria buscará consolidar la coordinación de todas las instituciones que conforman el sector, con esto lograremos hacer más eficiente la atención a los sujetos agrarios del país, facilitando su desarrollo y la protección de sus derechos.
En materia de terrenos nacionales nos propusimos defender el territorio y recuperarlo de quienes han lucrado con él para su beneficio personal.
Pusimos en marcha una estrategia de revisión exhaustiva sobre los avalúos que realiza el gobierno sobre estos terrenos. Hoy en día se mantienen en revisión 196 solicitudes de enajenación de predios nacionales , con lo que evitamos una pérdida para el país superior a 3, 200 millones de pesos.
De haberse vendido, como se hacía en las administraciones anteriores, por estos casi 200 predios, se hubieran recibido 400 millones de pesos; apenas la octava parte de lo que corresponde.
Hoy los avalúos que se realizan para determinar el costo de un terreno nacional siguen estos tres criterios:
- Ser económicamente redituable para ambas partes; tanto para la nación, como para los ciudadanos interesados.
- Ser técnicamente factible: esto quiere decir que el terreno obedezca a su verdadera vocación de desarrollo.
- Ser jurídicamente permisible: esto es que todos los procesos estén apegados a la ley y que se sigan los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano aplicables.
Mientras que en las administraciones anteriores se dedicaron a repartirse el territorio entre unos y otros funcionarios, nosotros lo vamos a defender.
Finalmente, estamos recuperando terrenos que fueron robados a la nación, como es el caso de Puerto Peñasco, en Sonora. Para lograrlo, hemos convocado a autoridades municipales, a organizaciones civiles y a la sociedad en general, para que levanten las denuncias correspondientes y se acerquen a la Secretaría.
Aquí quisiera hacer un llamado a todas y todos ustedes que conocen su territorio, que lo han trabajado y que seguramente tienen información de casos como el de Puerto Peñasco, para que nos hagan llegar sus hallazgos y que juntos nos demos a la tarea de recuperar el patrimonio territorial que nos ha sido robado.
La defensa del territorio es una tarea que nos convoca a todos y todas.
Para finalizar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre nuestra propia historia.
Las grandes transformaciones que han definido lo que hoy somos como Nación, han provenido, en su mayoría, por la defensa del territorio nacional ya sea ante intereses extranjeros o motivados por una inequitativa repartición de la tierra, el agua y los bosques. Recuperar y mantener nuestros territorios, siempre nos ha dado la esperanza de un mejor mañana; sin embargo, en los últimos 30 años pareciera que ello quedó en el olvido. Se entregó el país y se privilegió a unos cuantos a costa del futuro de todos.
Hoy, tenemos la obligación de recuperar el tiempo perdido; de recordar nuestra historia y de defender nuevamente nuestro territorio. La Cuarta Transformación en el territorio nos llama a ser valientes; a construir juntas y juntos un México incluyente, justo, seguro y sostenible.
Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El presente texto fue su intervención inicial en su comparecencia ante la Cámara de Diputados del 6 de noviembre del 2019.
