El reto habitacional es simple… Se trata solo de entender la estructura de la demanda y de generar casas y créditos hipotecarios que permitan atenderla.
Lo malo es que para que esto pase, es indispensable contar con un marco legislativo y regulatorio propicio… Un marco hecho teniendo como meta facilitar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto de ciudad.
Y la triste realidad es que hoy la ciudad de México padece los efectos de un peligroso coctel en que a la mezcla de la falta de planeación y los procesos de elaboración de un nuevo Plan General de Desarrollo Urbano y de una nueva Constitución, hay que agregar las iniciativas con que legisladores locales buscan transformar regulaciones relacionadas con vivienda y planeación urbana.
Las iniciativas buscan reactivar la polémica Norma 26, dejándola para viviendas de hasta 750,000 pesos, pero dándosela en monopolio al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y busca también generar otra norma para “vivienda de los trabajadores”, en este caso de hasta 1 millón 500,000 pesos.
Lo malo es que ambas normas suponen que quienes compren las viviendas no las puedan vender en 30 años y que al hacerlas lo hagan con un precio que solo se incremente con base en inflación… Medidas ambas, que afectan el valor patrimonial de la vivienda y que destruyen el ahorro de quienes las compran.
La iniciativa busca también reducir la edificabilidad en la ciudad, lo que implica inevitablemente elevar costos e impactos del suelo en precio de la vivienda.
No nos equivoquemos, las iniciativas no tienen otro fin que darle un llegue a Miguel Ángel Mancera, ya que de entrada proponen quitar facultades a la jefatura de gobierno, para pasárselas a la Asamblea Legislativa.
No nos equivoquemos, la aprobación de estas iniciativas limitaría y encarecería la producción de vivienda, afectando la viabilidad urbana de la capital del país, así como patrimonio y calidad de vida de millones de chilangos… En especial, de los más pobres.
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