Por Carmen Contreras*
En el tema de la seguridad vial la policía de tránsito tiene un papel crucial en la aplicación del Reglamento respectivo y en la reducción de accidentes que causan muertes o lesiones permanentes que representan un alto costo social para las familias de los involucrados.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en muertes por accidentes viales (“hechos de tránsito” en el lenguaje técnico). Esto representa 22 muertes diarias de personas de entre 15 y 29 años.
Es recurrente poner más atención al comportamiento negativo y sin criterio de algunos policías de tránsito de la Ciudad de México. A un lado dejamos la explicación de estas conductas que, entre otros factores, fueron detonadas por la crisis de escasa credibilidad en las instituciones, la impunidad y el comportamiento violento, no solo de automovilistas particulares, también de ciclistas y conductores del transporte público.
En el vértigo de la burla e indignación colectiva en las redes sociales, nos hemos desviado del análisis de tres estructuras básicas que han dado pie al síndrome de la policía de tránsito “indolente” que no asume su misión de aplicar el Reglamento a conductores irresponsables:
- La estructura de poder al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la cual depende la policía de tránsito
- La estructura de la corrupción ciudadano-policía
- La estructura de la improvisación emergente, dentro de la cual, el actual gobierno de la Ciudad de México decidió desaparecer el sistema de foto-multas con fines recaudatorios para dar pie a un sistema nuevo sin modelo de evaluación que permita verificar si han disminuido los hechos de tránsito y que tampoco cuenta con evidencia sobre la “corrección” al comportamiento irresponsable de las personas que manejamos.
Sin ningún sustento, la actual administración también dejó a un lado al equipo de “Apoyo Vial” dependiente de la Secretaría de Movilidad, el cual complementaba la labor de la policía de tránsito con actividades formativas en una cultura de movilidad para la seguridad en empresas, escuelas y otras dependencias de gobierno.
En la estructura de poder de la policía de tránsito se han normalizado las cuotas, prebendas, negociaciones que una persona que desea ingresar al servicio público debe pagar y realizar.
En el registro de horarios, el acceso a uniformes, artículos de trabajo e incentivos, las condiciones laborales de estos servidores públicos son de las más violentas y excluyentes, principalmente para las mujeres. Esto fortalece la estructura de corrupción ciudadano-policía por los bajos salarios, la falta de oportunidades para ascensos por mérito y los altos riesgos ante situaciones violentas en las que deben mediar entre activistas de la movilidad, infractores, peatones y usuarios de redes sociales. Tampoco existe evidencia sobre los resultados de las capacitaciones que recibe la policía de tránsito para afrontar estos conflictos de manera eficiente.
Los cambios de titulares de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Control de Tránsito en la Ciudad de México o de la propia Ley de Movilidad local, de poco sirven a la seguridad vial cuando se realizan pensando en sacar lustre a la imagen de la Jefa de Gobierno, por encima de la resolución de un problema público.
Ya que el Gobierno de la Ciudad de México está en la línea de una “racionalidad política” mas que en una “racionalidad técnica” (la cual se encuentra en las áreas de ingeniería de tránsito y de operaciones) y sigue aplazando el urgente rescate de la policía de tránsito, nos toca a nosotros involucrarnos en el seguimiento de su actuación -no en asumir su rol, que eso no nos toca- y en la prevención por medio de la formación cívica, la comunicación que aproveche los recursos tecnológicos, las evaluaciones ciudadanas del desempeño institucional y el mantenimiento de la infraestructura vial en buenas condiciones a través de la presión que podamos ejercer, tanto al gobierno “central”, como a los gobiernos de las alcaldías.
Tenemos en nuestras manos el poder suficiente como ciudadanía para que las autoridades cambien su modelo actual que poco ha servido a la seguridad vial. Es la oportunidad de curarnos del síndrome de la “policía indolente” o “Síndrome de Hillsborough”, aquel que recibe su nombre de una tragedia ocasionada en un estadio de fútbol inglés, en donde la presión de dos mil aficionados que se habían quedado afuera del juego abarrotado entre Liverpool y Nottingham reclamaban a golpes entrar al estadio.
La policía para evitar la confrontación los dejó pasar ocasionando un sobrecupo que le costó la vida a noventa personas dentro del recinto. Una verdadera tragedia. La policía represiva no funciona, la policía sin estrategia tampoco. El enemigo público número uno de la seguridad vial es una policía sin motivación por el bienestar común.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
