La nueva política federal de desarrollo urbano, que coincide con la que por dos administraciones ha tenido el Distrito Federal, se basa en recuperar o construir competitividad urbana en busca de elevar niveles de calidad de vida y desarrollo económico.
Se busca evitar que los segmentos de bajos ingresos tengan que vivir a dos horas de sus fuentes de trabajo y que las manchas urbanas sigan creciendo a ritmos que superan por mucho la tendencia demográfica.
Se busca reconocer la necesidad de cambio de las ciudades y el consecuente reciclamiento de zonas que han perdido su anterior vocación.
Para esto se manejan criterios como alta densidad, verticalización, espacio público, movilidad, apostar por transporte público y reducir gradualmente el uso del automóvil.
Sin embargo, estas políticas no llegan a los hechos por la falta de regulación…
La regulación parece hecha en sentido contrario a lo que se busca lograr…
Y el DF es el mejor ejemplo de ello. La falta de un Plan Integral de Desarrollo Urbano impide hacer usos eficientes del suelo y tomar medidas que permitan, por ejemplo, desincentivar uso del automóvil y generar vivienda urbana económica.
Por ello, es inexplicable que la semana pasada se anunciara que se extendía hasta el 31 de marzo la suspensión decretada en agosto de 2013 de la Norma 26, instrumento que sin ser solución definitiva, es al menos mecanismo de transición, que permite atender temas como densidad, exigencia de estacionamiento y vivienda económica.
Es simple; si algo no gusta en la Norma pues se cambia y ya… Pero rapidito, lo que no se vale es tener frenado el desarrollo de la ciudad.
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