Por Luis F. Fernández*
En 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que 11.6 millones de personas presentaban carencia por calidad y espacios en la vivienda, ya sea por estar hechas con materiales precarios (techos de lámina de cartón, muros de materiales de desecho), por hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto), o por la carencia de servicios básicos (acceso a agua potable, drenaje sanitario o electricidad). El gobierno federal ha ejecutado distintas acciones para evitar la precariedad habitacional y, en este año, se planteó una meta de garantizar que 13 millones de personas cuenten con una vivienda adecuada por medio del Programa de Vivienda para el Bienestar.
¿Cómo lograr esto? La primera intuición es que el gobierno federal, por medio de las diversas instituciones involucradas en el diseño e implementación de la política pública, pueden movilizar recursos y actores sociales y políticos para garantizar que la construcción de viviendas, los apoyos para el mejoramiento o la escrituración. El reto no está sólo en convocar un conjunto de empresarios desarrolladores, inversionistas, o de notarios que pueden contribuir a la regularización de títulos, sino en articular coaliciones estables con instituciones académicas, empresarios, redes de proveedores, actores políticos locales, instituciones internacionales y, sobre todo, con grupos de beneficiarios que enfrentan, a diario, los problemas de no contar con una vivienda o contar con una inadecuada.
Ésta es la lógica por la que impulsamos Coaliciones de Política Pública para el Bienestar desde Práctica: Laboratorio para la democracia. La idea es simple: nadie puede solo. El gobierno, a pesar de contar con la rectoría desde el Estado de la política pública, no puede garantizar la ejecución de una política pública de esta dimensión sin la cooperación estrecha con todos los actores sociales involucrados. Impulsamos la construcción de coaliciones estables con distintas instituciones del gobierno federal para garantizar una visión y ejecución de largo plazo de las principales prioridades políticas para resolver problemas complejos y estructurales. En este caso, impulsamos la creación de la Coalición por la Vivienda: Techo, Tierra y Territorio junto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CONARED), el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) y ONU HABITAT, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y legisladores.
El objetivo es articular a beneficiarios, a grupos o colectivos de base, a empresarios, a la banca de desarrollo, a autoridades de los tres niveles de gobierno, a legisladores, a la academia, a organismos internacionales y, por supuesto, al Ejecutivo federal en torno a la política pública de vivienda que integre, Techo, Tierra y Territorio. Esto con el fin de identificar los roles y responsabilidades específicos de cada sector -para el objetivo de política pública planteado de llegar a 13 millones de personas- en cada territorio del país, para garantizar el derecho a una vivienda adecuada como pilar de justicia social, cohesión territorial y sostenibilidad.
Comparto un ejemplo específico de lo que pueden logran las coaliciones. Conocí a Dolores Gutiérrez en abril de 2023. En nuestra primera conversación me explicó que trabajaba con personas que, por razón de pérdida de empleo, por alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal o por razones de cuidados de terceras personas, no podían cubrir sus créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Los problemas que enfrentan las personas derechohabientes en esta situación son tan diversos y únicos, pero con consecuencias similares: acumulación de intereses por impago, recargos y la imposibilidad de refinanciar, ya que si una persona trabajadora pierde su empleo formal, deja de cotizar ante el IMSS y, por tanto, ya no hay aportaciones patronales que amortigüen los créditos. En esos casos, toda la carga del pago recae sobre la persona deudora.
El ejemplo más común es que la mayoría de los créditos más antiguos del INFONAVIT estaban denominados en VSM (veces salario mínimo). En este caso, cuando no se paga, el saldo crece cada año aunque se haya abonado antes, porque los intereses y actualizaciones siguen corriendo. La lucha de Dolores, junto con decenas de personas más desde el Frente Nacional de Liberación de la Vivienda, no es sólo para resolver casos individuales sino por cambiar las reglas -o lineamientos- estructurales que aumentan la desigualdad al dejar desprotegidos -y con el derecho a la vivienda en riesgo- a quienes más lo necesitan. Dolores está hoy sentada a la mesa y con la posibilidad de compartir los retos que enfrenta y sus ideas sobre cómo resolver estructuralmente.
¿Cómo integrar esta visión en el diseño e implementación de la política pública, que con acciones muy pequeñas puede garantizar el derecho a la vivienda de personas que enfrentan situaciones de vida adversas? La respuesta es simple: abrir espacios para que las historias y necesidades de las personas beneficiarias estén sobre la mesa. En esta agenda y en otras prioritarias que buscan atender y mejorar la vida de grupos sociales que han sido excluidos históricamente. En este caso, el derecho a la vivienda es más que una política pública, se convierte en una herramienta para la inclusión social y la justicia económica.
*Luis F. Fernández (@luisffernandez)
Licenciado en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Maestro en Administración y Políticas Públicas en el CIDE
Director Ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia
