Por Jorge Gamboa De Buen*
Casi nadie duda (salvo algunos ignorantes) que México no está creciendo económicamente y que el modelo cuatroteísta de asistencia social es insostenible en el mediano plazo.
También es una verdad incontrovertible que la mayor parte del desarrollo económico tiene lugar en las ciudades.
El sector servicios que abarca al comercio, finanzas, salud, educación, cultura y entretenimiento se desarrolla dentro de las ciudades. También la mayor parte del sector industrial.
México es un país urbano donde el 80% de su población vive y trabaja en ciudades.
Las tres grandes metrópolis: CDMX, Monterrey y Guadalajara junto con las 30 ciudades de medio millón de habitantes y más albergan al 70% de la economía nacional.
Si partimos de la premisa de que las ciudades son lugares de intercambio de personas, bienes, servicios, información y conocimiento es necesaria una política urbana que propicie estas interacciones. En el fondo se trata de quitar, no de aumentar, la fricción a estos intercambios.
Las ciudades mexicanas no van bien. Crecen desordenadamente y, con alguna que otra excepción, sus administraciones están rebasadas tanto en su gobernanza como en su orden urbano y en el funcionamiento cotidiano.
La infraestructura deficiente, la inseguridad, una mala operación urbana, el abandono de los centros urbanos y el desgobierno afectan severamente al crecimiento económico.
Así, cortes en el suministro de agua; carreteras, caminos y calles en mal estado; semáforos descoordinados y avenidas llenas de trailers sumados a una congestión vial crónica, reducen la productividad y la calidad de vida en detrimento del crecimiento económico de la ciudad y por ende del país.
Ejemplos: la movilidad tiene un efecto directo en la productividad. Si los trabajadores consumen más tiempo en llegar a sus fuentes de trabajo y por lo mismo gastan más dinero y se estresan más, su productividad será necesariamente menor.
Si el abasto de mercancías, de combustibles y agua por falta de planeación y el actuar de las mafias, que obligan a usar pipas, es más tardado y caro, se incrementan los costos de producir un bien ó un servicio.
Los constantes cierres y manifestaciones que, al no aplicarse la ley, impiden la circulación aumentan aún más las ineficiencias en el movimiento de personas, bienes y servicios.
A la extorsión, el cobro de piso y los asaltos a vehículos de carga, se suma la percepción de inseguridad de los ciudadanos lo que inhibe nuevas inversiones.
Por otro lado, la creciente burocratización de los procesos de obtención de licencias y permisos de todo tipo tiene dos efectos negativos. Por un lado, la apertura de nuevos negocios ó la construcción de edificios se retrasa con lo cual se tienen pérdidas económicas. En segundo lugar y aún más grave la incertidumbre que crean dichas burocracias aleja a los inversionistas de emprender nuevos proyectos.
En el caso de la CDMX la desastrosa decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco ha disminuido su competitividad y su imagen de modernidad en un mundo donde Estambul, Panamá y muchas ciudades chinas destacan por tener nuevos aeropuertos diseñados por los mejores arquitectos del mundo. De hecho los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey se han beneficiado de esta mala decisión.
Para remediar esta situación se requieren cambios drásticos que será muy difícil instrumentar. Por ejemplo: es imposible que un país cuyas ciudades tienen gobiernos fragmentados por la estructura municipal pueda tener una buena gobernanza urbana.
La planeación urbana, que, aunque tiene un componente idealista y que en México no ha demostrado ser muy eficaz, es el único instrumento que puede mejorar el funcionamiento de las ciudades y por ende su desarrollo económico.
En lugar de contar con grandes directrices (donde crecer, donde no crecer, que lugares preservar) hemos sobreregulado hasta llegar a un estado en el que cumplir tantas leyes, reglamentos y normas resulta imposible y por lo tanto desalentador. Además, la burocracia es más ineficiente y temerosa que nunca.
La única manera de mejorar la productividad de las ciudades y con ello el crecimiento de la economía es con una receta simple pero difícil de ejecutar: regresar a una reglamentación clara y sencilla, unificando en una sola autoridad las decisiones, de manera relevante la supervisión estricta de la expansión urbana. Además hay que mejorar drásticamente el mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica, de movilidad y de generación de energía eléctrica.
En síntesis: se necesitan cambios que requieren decisiones fuertes como reducir el número de municipios en muchos estados; reducir en 80% los trámites para abrir nuevas empresas ó construir nuevos desarrollos; limpiar la administración de malos funcionarios y hacer planes inteligentes de infraestructura y movilidad urbana.
Si se pudiera quitar la fricción, ó parte de ella, a la economía de las ciudades y por ende al 70% de la economía del país se podrían alcanzar los niveles de inversión privada requeridos para aumentar el PIB uno ó dos puntos. Ello permitiría mayor creación de empleos, reducción del déficit fiscal y más captación de impuestos para financiar de manera sana el desarrollo de infraestructura y los programas sociales.
