Vaya que el Infonavit está en la mira de un sinfín de actores en este inicio de sexenio. Con este aire renovador que trajo consigo la 4T, diputados y funcionarios se han puesto creativos con la mira de generar cambios en este Instituto, que siempre se ha encontrado en el centro de atención.
De manera particular, como se ha informado en Centro Urbano, desde hace algunos meses los diputados han lanzado iniciativas para cambiarle la cara al organismo. Y no son iniciativas menores, son propuestas que conllevan un cambio de fondo del organismo, lo que podría afectar la naturaleza misma del Fondo, y su existencia.
Entre las primeras iniciativas que a la fecha siguen pendientes de revisión se encuentran las relacionados con modificar el aspecto de las tasas de interés que cobra el organismo en los créditos que otorga.
Una de estas propuestas es la presentada por el diputado Ricardo Flores Suárez del Partido Acción Nacional (PAN). En la iniciativa, el legislador propone topar los intereses sobre el saldo ajustado. El documento presentado por el diputado señala de manera explícita que se modifique la Ley para “que los intereses de los créditos sobre el saldo ajustado de los mismos no podrán ser inferiores al 4% anual ni superiores al 8% anual sobre saldos insolutos”.
En esa línea se encuentra la propuesta de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmedo. En este caso, la legisladora busca derogar el Artículo 44 de la Ley del Infonavit, esto para eliminar el cobro de interés sobre el saldo insoluto de los financiamientos.
En la exposición de motivos de la propuesta, la legisladora señala que el crédito del Infonavit no cumple con lo dictado por la Constitución, en donde se establece que el financiamiento que otorga el Instituto debe ser barato y suficiente. De acuerdo con la diputada, para que el Infonavit cumpla con este parámetro, debe ofrecer “una tasa de interés muy inferior a la que otorgan las instituciones de crédito o las empresas privadas dedicadas a este negocio, sólo así el trabajador podrá pagarlo y liquidarlo, sin que sea gravoso o exceda su capacidad real de pago, o bien, sin que dicho crédito llegue a exceder el valor de la vivienda que se adquiera”.
Sumado a estas, se encuentran otras dos iniciativas más: una con la que se busca crear un Régimen Voluntario al interior del Infonavit, en aras que los trabajadores no afiliados puedan establecer relación con el organismo y hacer aportaciones para generar el derecho de acceder a un crédito. La otra propuesta va en línea de topar lo que han denominado “sobredeuda” en los créditos y evitar que los trabajadores paguen hasta tres veces el valor original de la vivienda. Así, la iniciativa propone que los trabajadores que con el pago del crédito ya hayan cubierto el doble del valor de la propiedad adquirida, se cancele el financiamiento, se condone el saldo restante y se entreguen las escrituras.
Sin duda, las iniciativas que tienen que ver con modificar la tasa de interés que se cobra, así como el topar el pago del crédito tendrían una misión noble en el fondo, pero es muy necesario evaluar lo que representa para la viabilidad del fondo.
Llevar a la praxis medidas de este tipo demanda obligatoriamente un análisis detallado para medir qué tanto repercutiría en la rentabilidad del fondo, porque eso implicaría ir en contra del ahorro de los propios trabajadores.
Si bien por un lado medidas como estas beneficiarían a un sector de la derechohabiencia que ya tiene crédito, afectaría o incluso cancelarían la posibilidad para que el otro tanto que aún no ha ejercido crédito lo pueda hacer.
Lo que habría que recordarles a los legisladores es que el organismo se constituye por los recursos de los trabajadores. Y que una medida que atente contra la rentabilidad del fondo, es reducir el margen de ganancia de los propios trabajadores, lo que cerraría la posibilidad de acceder a una vivienda. Por supuesto que es necesario diseñar esquemas para que el trabajador liquide su vivienda en buenos términos, pero se debe hacer muy consciente que son medidas que deben garantizar la viabilidad financiera del Fondo para que siga otorgando crédito. De lo contrario, se extingue la única opción real que tienen los trabajadores que ganan menos de 5 salarios mínimos para comprar una vivienda.
A veces se da la impresión que se olvida la naturaleza mutualista del Fondo, en donde lo que pagan algunos sirven para financiar a otros, y sobre eso, la idea que el Fondo se ha construido en 46 años con la meta de brindar crédito a las familias de bajos recursos. Y para cubrir ese objetivo hay que cuidar la viabilidad financiera del organismo, pues no hay que perder de vista que el Infonavit, así con sus condiciones, es la única salida posible para que miles de trabajadores puedan acceder a una vivienda.
Es cierto que el Fondo tiene fortaleza financiera, lo que permite tener margen para impulsar iniciativas ambiciosas. Sin embargo, cada iniciativa debe acompañarse de un análisis profundo sobre lo que implicaría para el Fondo: no se trata sólo de lanzar iniciativas que en el papel parecen buenas, pero que van en detrimento de colectividad.
No hay que olvidar que hoy el Infonavit es considerado por diversas naciones hermanas como un ejemplo de seguridad social para garantizar el derecho a la vivienda. Por ello, hay que estar al pendiente y no permitir que se desmonte un Instituto que ha costado forjar en más de cuatro décadas tanto a trabajadores como a patrones.
