POR SARA TOPELSON DE GRINBERG.
En la última década se han construido aproximadamente tres millones de viviendas en México, resultado de una estrategia que ha tenido al centro atender la demanda de vivienda y el concepto promovido por ONU Hábitat del Derecho a la Vivienda.
La accesibilidad y dotación de vivienda es uno de los trascendentes retos que enfrentan la mayoría de los países del mundo.
Durante el siglo XXI diversas ciudades han desarrollado estrategias para dar cumplimiento al derecho a la vivienda que ha sido asumido por un gran número de países y que ONU Hábitat desde Nairobi ha estimulado puntualmente.
El derecho a la vivienda se liga necesariamente al derecho a la ciudad, ya que hoy sabemos que la vivienda o la casa para cumplir plenamente con su función como hogar y espacio de desarrollo del individuo, de la pareja o de la familia debe estar en el marco de un entorno urbano servido cercano a los centros de trabajo y conectado a redes de comunicación y transporte.
Algunos países han integrado esquemas en los que la construcción de vivienda integra el concepto de hacer ciudad.
Actualmente en México nos encontramos en este proceso de urgente cambio. El sector vivienda se había concentrado en metas numéricas que no consideraban su ubicación o cercanía a servicios; hoy la situación está cambiando para lograr la calidad, entorno urbano, la accesibilidad y no únicamente cantidad de viviendas.
Uno de los instrumentos que se generaron para mejorar la evaluación en la ubicación de las viviendas fueron los perímetros de contención urbana en las ciudades de México, desarrollados por la CONAVI y el RUV tienen como propósito otorgar mayores beneficios a las viviendas ubicadas en las zonas centrales, evaluar los servicios existentes y aquellos indispensables en las periferias inmediatas y desalentar la construcción de viviendas en las zonas alejadas, sin acceso a equipamientos urbanos y con vías de comunicación y accesibilidad deficiente.
El reto del sector vivienda en México es que al tiempo que continúa la producción de aproximadamente 300,000 viviendas anuales; estas provoquen a su vez entornos integrales que sean continuos urbanos dotados de ejes articuladores, centros y subcentros urbanos y que contribuyen a frenar la rampante expansión de nuestras ciudades y por ende el deterioro de las periferias urbanas.
Recordemos que el Derecho a la ciudad es el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual.
El derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural.
Para lograrlo requerimos de ciudades densas y compactas bien comunicadas en las que la diversidad de usos genera competitividad, atractivo urbano y riqueza para la población y la ciudad.
Arq. Sara Topelson de Grinberg es Coordinadora General de Fundación CIDOC, Socia de Grinberg y Topelson Arquitectos. Fue Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en SEDESOL y es actualmente Presidenta del Urban Land Institute Mexico.
