Por Rosalba González Loyde.
Quizá el imaginario sobre el término “regeneración urbana” nos dirija hacia imágenes donde los parques se embellecen con resbaladillas, pasto verde e intervención en las banquetas de la colonia con uno que otro grafiti que dé cuenta de lo “urbano” y alternativo de la operación. Este fenómeno expone un método reproducido y quizá malinterpretado que Jaime Lerner, urbanista y político brasileño, difundió a través del término “acupuntura urbana”, el cual refiere a intervenciones de pequeña escala en zonas identificadas como nodos cruciales para una posible transformación, de tal forma que pudieran realizar un efecto expansivo para todo el barrio y, de ser posible, a una escala mayor.
Lo cierto es que el uso de conceptos en los discursos -especialmente políticos, aunque la academia no se queda atrás-, son poco esclarecedores de los fenómenos, por lo que es muy fácil confundir la terminología y usar indistintamente conceptos como revitalización, regeneración, recuperación y otros sin tener necesariamente conocimiento sobre lo que refieren específicamente. Lo que dificulta el acuerdo para pensar y ejecutar políticas o programas urbanos con una visión común, como es el caso de la regeneración urbana.
Desde la década de los setenta se establecieron políticas desde la rehabilitación urbana para la conservación patrimonial de zonas de interés histórico y cultural, con propósito también de mantener a sus habitantes originales y evitar su desplazamiento. Sin embargo, como lo explican Castillo, Matesanz y otros en su texto “¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado”, la normativización de las políticas públicas establecidas en la Declaración de Ámsterdam de 1975 llevaron, sí al resguardo y conservación del patrimonio de centros históricos y a la promoción de su reactivación económica a través del turismo, pero perdieron fuerza en la defensa de los habitantes ante la necesidad de financiar la recuperación de estas zonas.
Más tarde aparecerán las iniciativas comunitarias que ponen foco en las zonas “conflictivas” de la ciudad, ubicadas en las áreas periféricas de las ciudades con un enfoque integrado en donde se incorporan variables de desarrollo económico, social y medioambiental con participación institucional. En la década de los 2000 aparecen iniciativas públicas en coordinación con la iniciativa privada para el financiamiento de propuestas de regeneración urbana integrada con la intención de sacar a flota al sector inmobiliario en plena crisis. Y para la última década el término regeneración urbana ya se había colocado en el discurso político de uso común para referir a intervenciones con un carácter predominantemente económico.
Desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario regenerar significa la recuperación de entornos degradados y/o marginados –incluso estando dentro de la zona central- aprovechando el bajo costo del suelo y el potencial de la ubicación para introducirlos a la dinámica de mercado. Esto significa también –aunque no ineludiblemente-, atraer a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, lo que provoca la expulsión de los residentes originales que no serán capaces de hacer frente a la también renovación de los costos de habitar en estas zonas, es decir, gentrificación.
Aunque casos como el de la ciudad de Bolonia en Italia en los setenta, donde el Ayuntamiento comunista gestionó políticas urbanas para la rehabilitación de una zona para su conservación patrimonial así como programas de vivienda social que contribuyeron a mantener a los residentes tradicionales con éxito; la historia de intervenciones con miras a la regeneración urbana nos ha mostrado que la regeneración, incluso con la participación del Estado, deviene –casi siempre- en prácticas de mercado que terminan con la expulsión o la segregación de ciertos grupos sociales en zonas específicas de la ciudad.
En el caso de la Ciudad de México, sin duda ha habido intentos de recuperación para clases medias bajas, sin embargo, el país, acostumbrado a su corrupción y falta de respeto y efectividad de sus propias leyes, permitió que las normativas para la construcción de vivienda social en zonas centrales fueran violadas en innumerables ocasiones bloqueando el acceso a familias a mejorar su calidad de vida, como es el caso de la Norma 26 para vivienda popular. Lo que, entre otras variables produce una paradoja; mientras muchos intentan habitar las delegaciones centrales, las de mejor acceso a servicios, a medios de transporte, centros de trabajo, educación y lugares de ocio; otros son expulsados por no poder solventar el alto costo de habitación de estas delegaciones, lo que provoca que la zona pierda habitantes (un 10% en los últimos 20 años según datos del INEGI).
En la misma línea queda preguntarse entonces, cómo hacer ciudad fuera de los clichés discursivos y regenerar zonas centrales de la ciudad sin llevarlas hacia la gentrificación. Cómo introducir y ejecutar políticas públicas que respondan a fenómenos en el que ciudadanos no se vean expulsados ni a corto, mediano, ni a largo plazo por la recuperación de estos espacios y hacer rentable para la ciudad estas intervenciones sin que los habitantes de bajos ingresos se vean afectados por su posible expulsión.
Rosalba González Loyde. Profesora de Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Candidata a Maestra en Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile, licenciada en Comunicación por la UNAM. Ha publicado en diferentes medios entre los que destacan la revista internacional de arquitectura Arquine y la revista Planeo del Instituto de Estudios Urbanos de la UC (Chile). Formó parte del colectivo Proyector con el que gestionó la muestra ‘Ciudad educadora’ (2014) en Casa del Lago.
