Pancho Búrquez, Senador.
El mes de septiembre de este año dos sismos de grandes magnitudes azotaron nuestro país. Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México fueron los principales afectados y el daño fue enorme. Millares de familias sin hogar, desplazados y muchos que hoy solo tienen lo que llevaban puesto en el momento de los terremotos. El costo económico derivado de estos eventos, se calcula superior a los 35 mil millones de pesos. Pero mucho más graves que estas afectaciones fueron las pérdidas en vidas humanas, incalculables e irreparables. Más de 400 mexicanos perdieron la vida.
Sin embargo, estos desastres también nos han dejado cosas positivas. Por un lado, vimos como desde el primer momento el mejor México se alzó. Personas de todas las edades, hombres y mujeres y sin importar condición salieron a la calle a dar lo mejor de sí. Como en 1985, los mexicanos aportaron dentro de sus posibilidades su esfuerzo físico, su talento y sus recursos económicos. Además, a diferencia de 1985 vimos el potencial de las nuevas formas de relaciones personales, las redes sociales, que se convirtieron en un elemento coordinador y catalizador de la inmensa voluntad de ayuda y solidaridad. Las tecnologías digitales están empoderando al ciudadano permitiéndole comunicarse mediante redes de colaboración no controladas cuyo alcance era impensable hace diez años. Gracias a ellas y al trabajo voluntario podemos saber exactamente qué y quiénes se necesitan, dónde se necesitan y en qué momento. Esto nos permite cierto optimismo y nos reconforta, pues sabemos que México tiene un potencial humano increíble, latente y que siempre estará ahí cuando se le necesite.
Es un potencial ciudadano. Voluntario. Cuya organización se dio de manera inmediata, libre y espontánea. No podemos negar que la ciudadanía dejó en un completo ridículo al actuar de la clase política y, en general, del gobierno. Su respuesta, como siempre, fue tardía y limitada. Por cada paso que dio el gobierno, la ciudadanía llevaba ya media cuadra recorrida. La excepción, por supuesto, fue la ejemplar actuación del ejército, policías y elementos de protección civil.
Otra razón para el optimismo fue constatar los grandes avances en la forma en la que se construyen los edificios, particularmente en la ciudad de México, y que fueron fundamentales para evitar una mayor catástrofe y mayores pérdidas en vidas humanas.
El terremoto del 19 de septiembre de 2017 tuvo una aceleración en la Ciudad de México de casi el doble que el del 19 de septiembre de 1985. El de hace un mes llego con una aceleración de 59 cm/s2 mientras que el de hace 32 años fue de 33 cm/s2. Pese a ello, los daños fueron ahora muchísimo menores, particularmente en la Ciudad de México. Entonces la pérdida en vidas humanas se estimó entre 10 mil y 40 mil, mientras que ahora han sido menos de 250. Los edificios colapsados pasaron de más de 400 entonces a más de 40 ahora.
Fue gracias a las nuevas tecnologías en la construcción y a los nuevos reglamentos que consideran riesgos sísmicos que se evitó un desastre mayor. No se puede dejar de señalar que detrás de los edificios nuevos que sufrieron daños graves, uno encuentra la mano negra de la corrupción que permitió construir violentando los reglamentos.
Pero el dato relevante es que más del 80 por ciento de los 3 mil edificios dañados o colapsados tenían más de 30 años de antigüedad. Así las cosas, la mayoría de los daños a la vida y al patrimonio de los ciudadanos tuvieron lugar en edificios obsoletos, en edificios que pudieron haber sido reciclados. Pero en muchos casos es un vía crucis hacerlo. La indispensable regeneración urbana se las tiene que ver con una infinidad de trámites y normas impuestas por los gobiernos y a la arbitrariedad de funcionarios que juntos suponen una barrera infranqueable.
Y es que el gobierno no sirve ni para construir e inspeccionar sus instalaciones. Un dato: mientras que el 80 por ciento de los colegios privados de la Ciudad ya abrieron sus puertas y están dando clases, solamente el 19 por ciento de los públicos ha podido regresas a sus labores. Ya sea por la corrupción en obra pública que los ha hecho inservibles o ya sea por la incompetencia del gobierno vemos que más de 4 mil escuelas siguen cerradas y sus alumnos sufriendo rezagos.
Hoy a un par de semanas de estos trágicos eventos, se vuelve impostergable abrir el debate. Tenemos que acabar con todas las regulaciones que impiden y dificultan la regeneración urbana. Muchas de estas regulaciones fueron creadas por quienes no entienden que la ciudad es dinámica y que requiere estar en constante evolución y cambio. Hay que eliminar todas las barreras que impiden que los barrios se reciclen para que lo viejo de paso a lo nuevo.
Es imperativo limitar la capacidad arbitraria de políticos y burócratas para frenar el desarrollo urbano. Hay que desechar a la mala clase política que no ayuda y solo estorba a los ciudadanos. Hay vidas de por medio. El sismo demostró que son los ciudadanos y no el gobierno quienes pueden hacer las cosas mejor y más rápido.
El pilón. Por si no fueran suficientes las trabas al reciclamiento urbano, el 4 de septiembre el periódico Reforma reporta que los trámites que exige el Gobierno de la Ciudad de México impiden a los transportistas y trabajadores del sector de la construcción colaborar en las tareas de remoción de escombros. Son un total de 15 trámites que incluyen pagos de derechos. El gobierno te entorpece y te cobra hasta por ayudar ¡Ni para que les quiten el cascajo sirven!
Pancho Búrquez, Senador
