Por Carmen Contreras*
Conforme al Gobierno local, “la Ciudad de México se consolida como líder mundial en vacunación con más de 21 millones de dosis aplicadas”. Con estas palabras inicia el documento que presenta las medidas para la reactivación económica de la capital que se implementarán desde este mes de marzo y hasta el final de la actual administración (2024). Estas pueden consultarse aquí:
Las medidas para la reactivación económica se dividen en los ejes: 1. Desarrollo de la economía popular, social y solidaria. 2. Nuevos instrumentos de apoyo al sector de la construcción y vivienda. 3. Reactivación cultural, turística y del Centro Histórico. En lo que concierne al punto 2, se publicarán en la Gaceta Oficial de la CDMX cuatro acuerdos “para impulsar el desarrollo de la construcción y la vivienda en la capital”.
Aquí comento el “Acuerdo para la Presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, Social y Ambiental, a través de una ventanilla digital”, con la expectativa de que, cuando sean oficiales sus lineamientos, estos faciliten un diálogo fluido entre actores privados y autoridades, una planeación concertada del desarrollo urbano en el contexto de la pandemia y una aceleración de la recuperación de empleos, directos e indirectos en cada proyecto.
El “Acuerdo para la Presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, Social y Ambiental, a través de una ventanilla digital” pretende disminuir el tiempo de trámites de autorización de una obra en donde la presentación de estos tres estudios hoy en día pasan por autoridades de diferentes dependencias, con distintos criterios y capacidad sujeta a sus cargas administrativas.
La integración de estos tres estudios en uno solo es importante más allá de cumplir con la ley y con los trámites. Su contenido es el soporte de las medidas de mitigación e integración urbana del impacto generado por las construcciones, antes, durante y después de su ejecución, desde un vecindario, hasta una zona llamada “Área de Influencia Social” que actualmente se define siendo muy pacientes y conciliando las perspectivas de las autoridades y la de los especialistas al servicio del desarrollador.
Se supone que estos estudios de carácter técnico deben arrojarnos una proyección sobre cómo se cambiará el territorio en sus dimensiones ambientales (agua, suelo, aire, biodiversidad), urbanas (ocupación del espacio público, movilidad, valor del suelo, vivienda) y sociales (población, empleo, patrimonio tangible e intangible, uso de la infraestructura, equipamientos, servicios y seguridad ciudadana).
Y no nada más eso. Los tres estudios se vinculan con el plan de ejecución de una obra en donde las actividades logísticas, como pueden ser camiones que se estacionan alrededor de un predio, banquetas ocupadas con materiales, excavaciones y otras similares no causen accidentes o molestias vecinales.
Como se puede ver, articular estos tres “documentos”: el impacto medio ambiental, el urbano y el social, -que incluye una consulta ciudadana sobre las medidas de mitigación para las grandes construcciones-, no es una tarea sencilla y por ello celebramos que la autoridad esté a favor de una reactivación económica en donde haya un solo trámite para presentar estos estudios y no ir saltando de ventana en ventana por la administración pública de la ciudad.
Los actores privados, los vecinos y las autoridades estamos elaborando un camino hacia una aproximación teórica, metodológica y práctica para que estos estudios sean útiles. Obviamente este proceso no está libre de tensiones. Sin embargo, la urgente reactivación económica nos ha mostrado que las reglas del juego del desarrollo urbano deben cambiar ante la nueva normalidad. No estamos en condiciones de parar los proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario que generan empleos, mejoras en el entorno, uso eficiente de los recursos, -cada vez más escasos como el agua-, entre otros beneficios. Tampoco se trata de seguir construyendo sin medida, pensando que dichos recursos son infinitos y que las personas solo son una estadística o un indicador plasmado en un mapa.
El ingreso por una ventanilla virtual a cargo de la Seduvi de los estudios de impacto ambiental, urbano y social por una sola vez (de preferirlo así el desarrollador o constructor), se ve como un elemento atractivo frente a la saturación administrativa de las autoridades desde el 2019. No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá que contar con una buena infraestructura de datos y procedimientos de coordinación al interior de las burocracias ya que, al final, siguen siendo dependencias distintas (SEDUVI, SEDEMA, SEMOVI) quienes revisan, dan sus opiniones, observaciones y finalmente su visto bueno. Si bien la SEDUVI recabará sus opiniones, la publicación del acuerdo debe incluir una descripción detallada de ese hilo conductor que armonice nuestro trabajo como consultores, desarrolladores o constructores dando pasos cortos.
Texto y fotografía: Carmen Contreras @Utopia_Urbana*
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
