Algunos países apuestan ya por delimitar las responsabilidades de las autoridades locales y facilitar instrumentos para generar localmente ingresos
Felipe de Jesús Gutiérrez
Las ciudades son entes vivos y cambiantes, fuente de producción y riqueza, que contribuyen en más de 80% al Producto Interno Bruto del mundo, según el Banco Mundial. La paradoja es que, muchas veces, no se refleja en la calidad de sus redes ni en servicios, sus escuelas, sus calles y espacios públicos.
A pesar de su importancia económica, las ciudades frecuentemente no cuentan con los recursos suficientes para garantizar sus necesidades de desarrollo; por esta razón, se estima que en el mundo se requerirán 57 billones de dólares de inversión en infraestructura urbana para los próximos años.
Uno de los temas estratégicos de la Nueva Agenda Urbana Mundial es el financiamiento del desarrollo urbano, y que los gobiernos nacionales y locales, organizaciones multilaterales, sector privado y sociedad civil puedan identificar soluciones, proponer políticas y crear nuevos modelos de desarrollo que sean sostenibles, promuevan la equidad y generen puentes entre las zonas urbanas y rurales.
Es una realidad que la mayoría de los sistemas financieros locales no están adaptados al contexto global. Algunos países apuestan ya por delimitar las responsabilidades de las autoridades locales y facilitar instrumentos para generar localmente ingresos.
En la búsqueda de un financiamiento local más sólido y eficiente, se vislumbran áreas de oportunidad que deberán ser consideradas: sistemas más eficaces de gobernanza, fuentes de financiamiento endógeno sostenibles, mejor gestión financiera y de bienes, financiamiento mancomunado de proyectos de infraestructura urbana y acceso a fuentes exógenas de financiamiento.
Del 9 al 11 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México fue anfitrión de la Conferencia Internacional temática preparatoria “Financiar el desarrollo urbano: el reto del milenio”, cuya Declaración Final formará parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), a realizarse en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.
La Declaración de la Ciudad de México “Identificando el financiamiento para un cambio incluyente”, alimentó la discusión y la búsqueda de alternativas por parte de los actores que moldean y llevan a la práctica políticas públicas de financiamiento urbano en los cinco continentes: desde ciudades pequeñas que experimentan fuertes procesos de urbanización, hasta las grandes metrópolis y capitales del mundo que compiten globalmente para atraer inversión y talento.
Como resultado de este trabajo se identificaron 11 motores para impulsar un cambio en las ciudades: nuevos modelos fiscales y de financiamiento; recursos endógenos y financiamiento basado en el suelo; acceso al financiamiento bancario, mercado de capitales e intermediación financiera innovadora; promoción de inversiones del sector privado y nuevas alianzas y empoderamiento financiero, construcción de capacidades, transparencia y rendición de cuentas, entre los más importantes.
Ahí está el reto. Nuestro país y la Ciudad de México no están excluidos de esta realidad. En México, casi 60% de la población total reside en una de las 59 zonas metropolitanas existentes.
La coordinación metropolitana sigue siendo una asignatura pendiente en la enorme mayoría de los países. Temas elementales como los sistemas de transporte público, la operación de redes de servicios básicos, e incluso las policías en muchas ocasiones, operan en condiciones de descoordinación entre municipios metropolitanos.
Lo mismo ocurre con los temas de financiamiento, punto en que las diferencias entre municipios con más o menos recursos, alimentan el círculo vicioso de la inequidad.
Las ciudades deben ser cada vez más independientes de las transferencias de recursos que provienen de los diferentes niveles de gobierno, y enfocar el potencial de financiamiento interno a través de cobro de servicios y recuperación de plusvalías, además de promover mecanismos que impulsen el desarrollo de alianzas y asociaciones público-privadas, e incrementar y mejorar los servicios y equipamientos de las metrópolis.
Para tener mejores ciudades, equitativas e incluyentes se requiere forzosamente de distribuir equitativamente los costos y las ganancias que genera el desarrollo urbano.
Los gobiernos locales deben volverse plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones, y trabajar para recuperar la plusvalía que generan a través de la planeación urbana -que concede usos del suelo y otorga edificabilidad-, así como por la inversión pública en obras y equipamientos.
Esa plusvalía debe utilizarse a favor de la construcción de ciudades más incluyentes, con mejores servicios y mayores espacios públicos, garantizando el derecho al suelo y a una vivienda digna y bien ubicada.
Desarrollar alianzas y asociaciones público-privadas que permitan desarrollar los servicios y equipamientos que requieren las ciudades; no obstante, es necesario garantizar que el interés público y general quede por encima del interés particular.
Para la Ciudad de México, los conceptos discutidos en la reunión temática serán fuente de inspiración en la elaboración de un nuevo marco normativo e institucional. A través del proyecto de Constitución que, por primera vez tendremos, se habrá de proponer a la Asamblea Constituyente mecanismos financieros que garanticen el derecho a la ciudad y a la vivienda.
En paralelo, se trabajará en esquemas de gobernanza a través de los cuales, los ciudadanos podrán decidir las prioridades destinadas a la inversión pública, así como participar en su vigilancia mediante mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
