¿Ley de inquilinos o política de vivienda?

Por Carmen Contreras*

A partir de un comentario, -sin intenciones ofensivas-, de una norteamericana sobre el trabajo remoto en la Ciudad de México se desató una tormenta de comentarios negativos contra ella, llegando hasta la xenofobia de usuarios y usuarias de redes sociales. Esta reacción es un síntoma de cómo se ha dejado crecer el problema de las rentas muy elevadas en cinco alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuajimalpa.

Me quedo con la discusión posterior a la ira y en aguas más tranquilas sobre la necesidad de una “Ley de Inquilinos” para la Ciudad de México. Considero que dentro de la formalidad jurídica una ley así forma parte de la lista de normas constitucionales que siguen pendientes en el Congreso de la capital para agilizar los procesos de renta y evitar los desalojos viciados. Desde un punto de vista más amplio, la “Ley de Inquilinos” es solo un instrumento de una política pública de vivienda para la Ciudad de México.

La formulación de una “Ley de Inquilinos” debe ir acompañada de un trabajo  de mejora de procesos de administración de justicia con el poder judicial local y de revisión de cómo se aplica el código civil. También de diseño de una reforma al código de procedimientos civiles en lo que se refiere a la protección de los mas vulnerables ante los desalojos y despojos.

Se requiere en la esfera pública de un consenso entre los pequeños propietarios de vivienda en renta para aclarar el concepto “uso social de la propiedad”, evitando que llegue al imaginario colectivo una escena propia de novela de Borís Pasternak en donde un gobierno reparte la propiedad entre los miembros de su partido.

La vocación social de la propiedad está en el pago de contribuciones y, en este sentido, la ”Ley de Inquilinos” no sería suficiente si no hay un sistema saludable de recaudación, una estrategia de integración a la formalidad y aplicación transparente de recursos de las contribuciones establecidas en el código fiscal federal para los arrendatarios.

En el nivel local, los impuestos como el predial encuentran su vocación social al ser aplicados con eficacia. Una mejora de la capacidad recaudatoria de la Ciudad de México y una alianza formal entre actores públicos y privados para la integración de fondos con los que se desarrollen programas de vivienda,  construcción, rehabilitación, remozamiento y rentas controladas atraería más al desarrollador inmobiliario y formaría grietas en la burbuja de especulación.

El punto anterior está relacionado con una configuración distinta del uso del suelo que ya es obsoleta en este siglo. Medidas como el famoso Bando 2  concentraron la plusvalía inmobiliaria en las alcaldías antes mencionadas y contribuyeron a la expansión de la periferia en el Estado de México, en zonas de alto riesgo para vivir y en áreas de valor ambiental. No podemos regresar a esos errores que beneficiaron a una élite que sigue arropada por algunas autoridades capitalinas.

Es urgente involucrar al Instituto de Prospectiva y Planeación de la Ciudad de México (aunque haya nacido con pocos dientes) para formular un programa de vivienda al mismo tiempo que se desarrolla el Programa de Desarrollo Urbano y Territorial de la Ciudad de México. Es necesario trabajar en tres temas a través del análisis de los datos sobre expulsión-migración correctamente documentados por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México:

• El desarrollo de vivienda social en zonas con equipamientos y servicios consolidados.
• La regeneración de los barrios y la integración de nuevos centros con usos mixtos habitacional-comercial de bajo impacto.
• El desarrollo de servicios e infraestructura para los cuidados de poblaciones en vulnerabilidad como parte de las medidas de integración urbana en alcaldías con los rezagos más notables (Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras).

Herramientas como el “índice de desigualdad urbana” desarrollada por Instituto de Recursos Mundiales (WRI), o la evaluación de programas sociales como las elaboradas por el EVALUA-CDMX ayudan a diseñar otra cartografía de usos que permita anotar en dónde es necesario un subsidio a la vivienda tripartita, es decir con actores privados-instituciones gubernamentales y fondos de la banca pública.

Otro problema a resolver mientras se discute la pertinencia de una “Ley de Inquilinos”  es la escasa comunicación entre el fisco federal y la hacienda local para formar una base recaudatoria y catastral unificada que permita asignar recursos a proyectos estratégicos de vivienda. Esto también está vinculado con tres preguntas, las últimas que quiero dejar aquí: ¿A dónde van los recursos técnicos y fiscales de la implementación de medidas de integración urbana de los grandes proyectos en la Ciudad de México? Podrían los agentes privados ser corresponsables de la política de vivienda social. Yo creo que sí y no es necesario copiarle a Berlín.

Texto y fotografía: Carmen Contreras*