Por Ernesto Carlos Meana Sariñana.
El derecho a la vivienda, no es solamente un derecho humano de todo individuo, o una garantía Constitucional; sino una evidente necesidad básica de todo hombre y de toda mujer para hacer posible y asequible las actividades de su vida diaria con dignidad y tranquilidad.
Ante ello, el estado mexicano, no sólo tiene la obligación de cumplir con su función social, sino de garantizar que ese derecho llegue a todos los ciudadanos; en especial a los de clases sociales de precarios recursos, para poder así brindar a todas y todos los mexicanos una adecuada calidad de vida, aunada a una garantía más que corresponde a la libertad de trabajo, mientras éste sea lícito y no afecte derechos de terceros.
Para lograr lo anterior, necesitamos atender diversos aspectos de la vida social del país, a efecto de lograr objetivos sociales al amparo de la política de gobierno federal con la SEDESOL Y LA SEDATU, así como con sus pares homólogos en el gobierno de nuestra ciudad y de las entidades de la federación; todo ello, en atención a la ubicación geográfica, las dimensiones territoriales, disponibilidad de infraestructura básica y servicios, entre otros aspectos.
El desarrollo de las ciudades, su crecimiento económico y social, así como la modernización del sector de la construcción, con nuevas técnicas, materiales y productos diversos, deberán en ésta segunda decena del siglo XXI, aportar crecimiento del sector de los bienes raíces de tipo mixto, comercial, e industrial; ya que derivado de la importancia que ésta tiene en el PIB de la federación con un 5% estimado, la política de promoción del sector inmobiliario y de la vivienda, forma parte fundamental de una agenda gubernamental moderna y progresista.
Hace varias décadas, la disposición del Gobierno marcó una ruta hacia el crecimiento de los Bienes Raíces, implementando políticas de apoyo al sector privado y al sector público, lo que ha motivado la creación y consolidación de instituciones nacionales y estatales cuyo objetivo lo fue preferentemente el financiamiento y la construcción de viviendas de interés social en zonas urbanas. Tales ejemplos son evidenciados en los años ochenta, con los programas de vivienda principalmente de interés social financiados por instituciones como Infonavit y Fovissste, los cuales desarrollaron algunos espacios como los llamados multifamiliares en régimen de condominio, principalmente de tipo vertical.
Después de los sismos de 1985, en la ciudad de México y otros estados; nuestra ciudad y en general muchas entidades de la federación como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla por citar unas cuantas, tuvieron que hacer adecuaciones a las diversas normas legales en materia de vivienda y desarrollo inmobiliario, para ajustarlas a una modernidad y previsión de potenciales desastres; normatividad que en materia de construcción se hizo posible con leyes a favor del Desarrollo Urbano, Vivienda etc. para garantizar una mejor calidad de “hábitat” que considerara la permisividad de una alta sismicidad en el país. Lo anterior, fue muy importante ante los sucesos ya citados, por lo que el poder legislativo se aplicó en diseñar nuevas leyes y reglamentos por la afectación sufrida.
Años después a principios del siglo XXI, se modificó la política nacional de vivienda, al transformarse el papel del gobierno que dejó de construir vivienda para sólo financiarla, y el sector privado se convirtió en el sector responsable de la generación de empleos dedicados a la construcción. Fue por ello que el Plan Nacional de Desarrollo implementado por las administración federal, con apoyo en la Conavi y la Canadevi, las Secretarias de Economía, y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano entre otras instituciones están constituidas para garantizar el acceso a la vivienda casi para todos los mexicanos; pero ¡ aún falta mucho por hacer ¡
En el año de 2017 se promulgó la nueva Ley de Vivienda en la ciudad de México, acorde a la realidad de nuestros días, en congruencia con las características económicas, sociales, urbanas, de movilidad, ambientales y poblacionales de nuestra ciudad. A través de ella, se hace hincapié en que ésta contiene más claramente el derecho irrestricto a la vivienda de los mexicanos, la cuál debe ser cubierta mediante la acción del sector público, privado y social, así como la importancia de ésta nueva legislación como motor del desarrollo económico de la capital del país.
La creación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) cuya función es formular, ejecutar, conducir, evaluar, y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el Programa nacional en la materia, así como proponer en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad a una política de estado; han sido parte de los objetivos y prioridades que han marcado los diversos gobiernos en las últimas décadas. Aunado a lo anterior, el estado ha implementado el RUV (registro único de vivienda), en donde instancias del sector como el Infonavit, y la Comisión Nacional de Vivienda, registrarán cada movimiento de compra-venta de cualquier predio que se haga; lo que implementará un control de las operaciones comerciales que se realicen.
En éstos tiempos modernos de crecimiento social, los llamados “Milenians” han despertado a través de una demanda de habitación, una de las llamadas “Burbujas” por la alternativa de renta y compra de espacios pequeños para poder establecerse, pero no de manera sedentaria, sino nómada, o sea cambiante. En efecto, en el segundo de los casos <compra>, los financiamientos y créditos en este sector no son tan atractivos para éstos grupos; de ahí que los desarrolladores de modelos habitacionales de vivienda media, se están concentrando en la construcción de pequeños espacios de acuerdo a la densidad de construcción autorizada, pero con buenos acabados, y “amenities” para ofertar renta.
Por otro lado, la política del Gobierno de la Ciudad, las autoridades en la materia y las Asociaciones inmobiliarias de reconocido prestigio como AMPI en la ciudad de México, deberán de coadyuvar en mesas de dialogó e intercambio de opiniones para fortalecer no sólo a las instituciones, sino a la política de crecimiento y desarrollo sustentable en materia de espacios de vivienda y establecimientos comerciales adecuados, con normatividad justa, clara y congruente. …. “Tenemos todos que apoyar la oferta de productos y servicios, ante una demanda claramente definida para evitar potenciales problemas de burbujas inflacionarias en la oferta de vivienda; hay que inducir que la banca comercial se comprometa más al financiamiento de la producción de vivienda para éste 2018; año de complicados retos políticos para las siguientes dos décadas por lo menos.
Este trabajo; es un trabajo que tiene que hacer el sector financiero como banca de desarrollo, y el gobierno con una política de ajuste tributario menor para incentivar a los desarrolladores a la inversión; ello aunado a la adecuada aplicación de las leyes y normas complementarias en el sector inmobiliario. ¡¡ Vivimos en un estado de Derecho, hay que respetarlo, e ir con todo en contra de la corrupción ¡¡
Ernesto Carlos Meana Sariñana. Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Cd de Mex. A.C.
