En Miguel Hidalgo, 25% de obras en construcción han cometido algún ilícito
Los alcaldes de Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, presentaron al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que propone la extinción de dominio a desarrollos inmobiliarios en construcción que quebranten más de una vez los sellos de clausura, cuando les sean impuestos.
Al respecto, Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que la reforma a la Ley de Extinción de Dominio se aplicaría cuando haya clausura definitiva y, a pesar de ello, se construya un piso más, se continúen los trabajos o se concluya la construcción de la obra.
En esa lógica, destacó el funcionario, se iniciaría un proceso ya que tan sólo en esa demarcación, alrededor de 25% de las construcciones realizadas han cometido algún ilícito.
“Es necesario fortalecer y actualizar el marco jurídico que existe, adecuar la ley a la nueva realidad para frenar el abuso, garantizar el cumplimiento de la ley e inhibir el comportamiento delictivo”, subrayó Romo Guerra.
Entre los principales cambios que proponen los alcaldes, destaca incrementar las sanciones a quien quebrante los sellos impuestos por orden de la autoridad competente, que actualmente pes de una pena de cárcel de dos a siete años y una sanción económica de entre 100 y 500 días multa.
La propuesta es que esas penas se eleven a entre cinco a 12 años de prisión y una sanción monetaria de entre 1,000 y 2,000 días multa, destacaron los abogados frente al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, Jesús Martín del Campo Castañeda.
Durante su intervención, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, informó que durante su administración se han suspendido y clausurado 171 obras, y alertó que no basta sólo con poner sellos de clausura ya que muchos desarrolladores no lo consideran un delito, por lo que la problemática crece.
“Por eso creemos que sólo aumentando los castigos, las penas y haciendo reformas a los Códigos, es decir, siendo más exigentes, lograremos erradicar estas prácticas que afectan a los ciudadanos, a las autoridades y a las instituciones. Por ello se propone la extinción de dominio y el aumento las penas de 5 a 12 años y de 1,000 a 2,000 días de multa”, añadió.
La iniciativa presentada será enviada a comisiones para su análisis y dictamen y para que posiblemente se discuta en el pleno se discuta en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
