Antes de la reforma, la Constitución de la CDMX solamente contemplaba el “respeto a la propiedad privada”
El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) emitió un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local en materia de propiedad privada, con el objetivo de homologarlo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la presentación de la reforma, Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la CDMX, explicó que, anteriormente, la Constitución capitalina contemplaba solamente el “respeto a la propiedad privada”. Con el cambio, el documento ahora contempla la protección de la propiedad privada, pública y social, del mismo modo que la Carta Magna federal.
“Con esta reforma, que se publica el día de hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», indicó.
En ese sentido, el mandatario capitalino resaltó que el decreto promueve el respeto a la propiedad de la misma manera en todo el país.
“Quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros”, comentó.
Por su parte, Martha Ávila Ventura, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, señaló que la reforma en materia de propiedad contribuirá a la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial.
“La armonización de la Constitución local con los preceptos de nuestra Carta Magna general, en este caso, puede convertirse en una piedra de toque para la construcción de algunos capítulos del Programa General de Ordenamiento Territorial, para el desarrollo integral de la ciudad durante los próximos años. Asimismo, la referencia expresa al Artículo 27 constitucional, brinda certeza jurídica a toda la ciudadanía, pues también se trata de refrendar las garantías que ya existen en el uso y aprovechamiento del suelo”, afirmó.
