Especialistas adviertieron que la regulación vigente ha tenido efectos adversos en la economía digital, en la equidad regulatoria y en la competitividad turística
En el panel “Regulación de Plataformas Digitales en CDMX: Derecho a la Vivienda, Turismo y Economía Barrial”, especialistas de los ámbitos de vivienda, turístico y digital conversaron sobre los efectos de la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, publicada en octubre de 2024, y los retos que enfrenta la capital para transitar hacia un marco regulatorio más equilibrado.
El encuentro, que se desarrolló de manera virtual y fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), reunió a la Dra. María Dolores Franco Delgado, investigadora en vivienda y directora general del think tank D+D Urbanismo; al Mtro. Erick Urtuzuástegui, economista con trayectoria en el diseño de políticas públicas de turismo; y al Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. La moderación estuvo a cargo de Fabiola Peña, Gerente Regional de México y Centroamérica en la ALAI.
Fabiola Peña presentó el posicionamiento de la ALAI y advirtió que la regulación vigente ha tenido efectos adversos en la economía digital, en la equidad regulatoria y en la competitividad turística, y subrayó que la Asociación mantiene su disposición a colaborar con las autoridades para construir marcos normativos que impulsen la innovación tecnológica, protejan los derechos digitales y promuevan un ecosistema turístico justo y sostenible en beneficio de residentes, negocios locales, anfitriones, viajeros y plataformas.
“La Asociación Latinoamericana de Internet mantiene su compromiso con el desarrollo de marcos regulatorios equilibrados, que reconozcan la innovación tecnológica sin desatender los derechos y necesidades de las comunidades. El reto no es prohibir ni frenar, sino diseñar reglas claras que permitan una convivencia justa entre el turismo, la vivienda y la economía digital”, afirmó Fabiola Peña.
Durante la conversación, se señaló que el límite del 50 por ciento de noches de hospedaje al año se convertirá en una restricción limitante del libre desarrollo de la actividad y en una pérdida de bienestar a las comunidades locales. Esta disposición, lejos de resolver el problema de escasez de vivienda, incentiva la informalidad, reduce la recaudación fiscal con la que la ciudad ya cuenta y genera distorsiones que terminan afectando tanto a anfitriones como a negocios locales, sobre todo micro y pequeñas empresas.
“Lo que enfrentamos no es una crisis provocada por las plataformas, sino las consecuencias de más de una década sin producción suficiente de vivienda social. Las decisiones públicas deben partir del análisis técnico y no de percepciones. Regular mal no soluciona el problema: lo traslada, lo agrava y penaliza a quienes hoy generan ingresos legítimos y derrama económica en sus comunidades”, comentó la Dra. María Dolores Franco.
Asimismo, se advirtió que medidas restrictivas de este tipo han mostrado resultados negativos en ciudades como Nueva York y Barcelona, donde, en lugar de resolver la presión sobre la vivienda, derivaron en alzas de tarifas, concentración de visitantes en determinadas zonas y pérdida de competitividad en la oferta turística.
“Las plataformas digitales han ampliado la oferta turística, diversificado destinos y facilitado la entrada de nuevos actores al sector. En lugar de bloquear esa dinámica, la Ciudad de México debería apostar por una regulación moderna, construida con el sector y basada en evidencia, que fomente seguridad, competencia justa y desarrollo económico local”, dijo el Mtro. José Ángel Díaz.
Los panelistas coincidieron en la necesidad de abrir un diálogo plural y sustentado en evidencia para revisar el marco normativo. Consideraron que una regulación diferenciada, que contemple las distintas escalas y tipos de actores involucrados, permitiría proteger a las comunidades receptoras sin frenar la innovación ni la economía colaborativa.
“Cuando se simplifica el debate de la vivienda culpando a las plataformas o a los anfitriones, se pierde la oportunidad de atender las verdaderas causas: especulación del suelo, normativas obsoletas y falta de inversión pública. Si el objetivo es proteger el derecho a la vivienda, se necesitan políticas urbanas con visión de futuro y, no medidas restrictivas que solo castigan al anfitrión y debilitan la formalidad de la actividad”, comentó el Mtro. Erick Urtuzuástegui.
Durante el foro, también se compartieron datos clave que desmontan algunas percepciones generalizadas. Por ejemplo, se destacó que las viviendas registradas en plataformas de alojamiento temporal representan menos del 1% del parque habitacional total de la Ciudad de México. Además, mientras que en los últimos 30 años se han formado más de 2.4 millones de nuevas familias, solo se han construido 958 mil viviendas, lo que revela un déficit estructural severo, ajeno al funcionamiento de las plataformas.
Con ello, el panel concluyó que la Ciudad de México se encuentra en el momento decisivo de lograr una regulación que proteja el derecho a la vivienda y fortalezca la convivencia comunitaria, sin frenar la innovación ni el potencial de desarrollo económico local y prosperidad que ofrecen las plataformas digitales. El desafío, coincidieron, será construir un modelo propio a la ciudad, proporcional y basado en evidencia, que garantice certeza jurídica para autoridades, anfitriones y usuarios, al tiempo que consolide un turismo sostenible, inclusivo y competitivo de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026.
