La iniciativa busca regular las inversiones de infraestructura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos e incluir al sector privado
En la Cámara de Diputados se presentaron las conclusiones del Foro de Análisis de la Ley de Infraestructura para el Bienestar, con la participación de legisladoras, legisladores, representantes empresariales y personas especialistas de los sectores energético y de la construcción.
En el evento, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la propuesta legislativa busca superar la limitación de esa inversión que solamente se coloca en autopistas y en energía, para ampliarla a lo que se denomina infraestructura para el bienestar.
“Estamos proponiendo la derogación de la legislación relacionada con las asociaciones público-privadas. Esta nueva iniciativa que presentamos se hace cargo de muchas deficiencias, de las virtudes de los proyectos ejercidos con anterioridad. Queremos superar la limitación de esa inversión que solamente se coloca en autopistas y en energía, para ampliarla a lo que denominamos infraestructura para el bienestar”, explicó.
Asimismo, resaltó que la Ley pretende garantizar el derecho de todos los mexicanos y mexicanas a tener una infraestructura que dé bienestar, “para que junto con el fortalecimiento de los ingresos de las familias y los programas […] sea el punto fundamental del mejoramiento de nuestro nivel de vida, de una posibilidad de un desarrollo mucho más integral”.
Y, de igual manera, mencionó que el reto persistente es el crecimiento de la economía en el país, por lo que no se prevé la creación de nuevos impuestos, sino fortalecer la eficiencia recaudatoria y la inversión.
Por su parte, Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Estado de México, señaló que la iniciativa permitirá brindar condiciones aceptables en toda la república, con los servicios básicos y necesarios para la población.
“Esta nueva disposición, esta nueva propuesta de ley, tiene controles muy, muy indispensables en la cual la rectoría del Estado es fundamental, y esto le va a dar la garantía de que todos los proyectos que se lleguen a consolidar a través de esta inversión mixta, de la participación privada, tendrán la rectoría del Estado”, apuntó.
Carlo Hebert Carranza, abogado especialista en Financiamiento de Proyectos y Corporativo, destacó que uno de los ejes centrales de la ley es garantizar “los valores sociales y el acceso universal a la infraestructura”.
Además, propuso establecer métricas de cumplimiento que aseguren que este principio se concrete en los proyectos, además de contemplar incentivos para propuestas no solicitadas de inversión privada.
En tanto, la diputada Marta Olivia García, secretaria de la Comisión de Infraestructura, expresó que la iniciativa busca “promover regular las inversiones de infraestructura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, incluir el sector privado, pues es prioridad en esta iniciativa para fortalecer la economía de nuestro país”.
