Tras la suspensión del proyecto, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana dijo respetar la decisión del Instituto Nacional Electoral
Recientemente el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que suspenderían la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, obra que incluía dos nuevos edificios y cuyo costo ascendía a 70,000,000 de pesos.
Tras dicho anuncio, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) dijo respetar la decisión del Instituto Nacional Electoral, de suspender y no de cancelar ésta importante obra y esperan se retomen a la brevedad las metas originalmente planteadas, que reactivarían el colocar al Instituto en el nivel que se requiere y demanda.
Lo anterior, debido a que la decisión de suspender el desarrollo de la actualización de las instalaciones, deja al tiempo tres importantes rezagos:
El primero consiste en mantener las condiciones en las que se encuentran laborando los cientos de empleados y funcionarios mexicanos que día a día tendrán que continuar lidiando con la baja calidad de los espacios físicos, la saturación y la disfuncionalidad de la accesibilidad, entre otros, representando año tras año una acumulación de insatisfacciones.
El segundo radica en mantener un pago anual directo por los inmuebles rentados hasta por 100 millones de pesos, es decir, un gasto no recuperable que de todas maneras se continuará erogando y que en un plazo de 10 años costará lo mismo que la obra suspendida. La inversión solicitada ahorraría éstos recursos.
El tercero será la pérdida de aproximadamente 2 mil 100 empleos temporales que una obra de ésta magnitud demanda; mujeres y hombres albañiles, carpinteros, ingenieros, plomeros, transportistas, arquitectos, así como la reducción de oportunidades para las empresas proveedoras de materiales, productos y servicios que componen la cadena de la industria de la construcción.
La FCARM señaló que actualmente las condiciones económicas del país son más críticas y aunque existen otras potenciales áreas para aplicar ahorros y reducciones, entienden las razones de las consejeras y consejeros.
Asimismo, recomiendan al gobierno a reorientar los 1,070 millones de pesos en obras públicas que mejoren las condiciones de vida de otros mexicanos, particularmente hacia aquellos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja.