Es tiempo del derecho al tiempo

Por  José Armando Alonso Arenas

Unos siglos antes de La Fama fuera una colonia en Tlalpan, y La Gloria una calle en el Cerro de la Estrella (con unas condiciones de urbanización que parecen penitencia), en los Memoriales de Culhuacán ya se decía: “en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan”. La frase se antoja tan vigente, o mucho más vigente, que en aquel entonces. La inmensa cantidad de pobladores que ha alcanzado le da fama; y en tanto que hay gente que dice saber cuándo se acaba el mundo, no conozco a nadie que afirme a ciencia cierta en qué punto la ciudad de México se termina. Si bien territorialmente (considerando su población) resulta extendida, pero no inmensa; en términos demográficos las cifras son abrumadoras. De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI de 2015, la Ciudad de México, cuenta con casi 9 millones de habitantes, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con casi 21 millones y su megalópolis, de acuerdo con el CESOP, con 40 millones. Partiendo de que en el mundo habitan 7,300 millones de personas, y que actualmente está vivo el 10% de todos los humanos que han poblado alguna vez este mundo (de acuerdo con el artículo “La dieta humana contra los ecosistemas del mundo” de Guillermo Murray Tortarolo y Beatriz Tortarolo en la revista ¿Cómo ves?), obtenemos de numeralia siguiente:

Por lo anterior, es crucial abordar cómo el tiempo de vida de las personas que aquí viven se invierte o desperdicia, dado que, como declaró Carlos Castillo Peraza, el tiempo es el único bien que no se puede recuperar.

De acuerdo con la Encuesta ¿Cómo vamos, Ciudad de México? 2017, de El Universal, los habitantes de la ZMVM emplean hora y media diaria en trasladarse (es decir, 23 días por año). Reducir este tiempo es cuestión crucial. Si consideramos el grupo de edad en que se enfoca el INEGI para elaborar su Encuesta Origen-Destino (a partir de los 6 años), y partimos del tiempo de viaje reportado por El Universal, cada persona (considerando una calidad de vida de 75 años) gasta cuatro años y tres meses en trasladarse. Mientras tanto, según moovitapp.com, los habitantes de Ciudad Real o Sevilla, España, gastan alrededor de un tercio de tiempo frente a los de la Ciudad de México. Si lo estimamos bajo la misma esperanza de vida que la mexicana, estos españoles gastarían sólo un año y cinco meses de su vida. La diferencia entre cifras es de casi tres años. Y tres años equivale, según Emanuele di Angelantonio de la Universidad de Cambridge, a los años que pierde de vida una persona con obesidad moderada. Si en México tenemos políticas públicas para solucionar problemas como la obesidad, ¿por qué no hemos desarrollado algo equivalente para algo que crea un daño tan severo como los peores problemas de salud pública en nuestro país?

La pregunta se responde por sí sola: en México, el ideal estético no es verse obeso, sino a bordo de un auto; en México, los costos de salud los absorbe el sistema de salud público, y no sólo el particular; y, más importante todavía, en México hay un derecho constitucional a la salud que justifica la acción gubernamental para influir en un problema que, si no atiende el particular, será externalizado al Estado, pero no hay un derecho constitucional al tiempo personal, por lo que las externalidades que genera un particular (díganse los promotores de vivienda lejana, los usuarios de automóvil particular, el comercio desordenado en vía pública, entre otros), son transferidos a otros particulares sin que el gobierno sea responsable de monitorear, o incluso compensar, a los afectados por concepto de su tiempo personal perdido. Desde luego, como en Salud, las medidas deseables son las preventivas: más que pensar en paradigmas de movilidad, debemos iniciar con políticas orientadas a la buena localización.

Quizá es argumentable que Sevilla o Ciudad Real tienen una población de alrededor de un 3% y 0.3% la de la ZMVM, por lo que todo queda relativamente cerca. Pero por principio de lógica, una población grande y la cercanía a bienes y servicios no sólo no son excluyentes, sino que una población elevada en densidades adecuadas y con los instrumentos de suelo necesarios, pueden hacer que se acerquen no sólo bienes y servicios básicos, sino otros especializados que no se asentarían en ciudades pequeñas o áreas poco densas.

Establecido lo anterior, urge establecer el derecho constitucional al tiempo personal, señalando explícitamente que se garantizará mediante el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano. De otro modo, como país, y como ciudad, le estaremos fallando no sólo a quienes vivimos en ella, sino a una humanidad que, justo en este momento, requiere que la gente cuente con tiempo para socializar, humanizarse, solidarizarse y, ultimadamente, sentirse más feliz.

José Armando Alonso Arenas

Urbanista