Urgen a la nueva administración por una política de Estado congruente en materia de cambio climático y energía
Durante una reunión con medios de comunicación, representantes del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Iniciativa Climática de México (IMC) y World Resources Institute México (WRI) llamaron al nuevo gobierno federal a la promoción y adopción de una agenda congruente y ambiciosa referente al cambio climático y energía.
Los expertos coincidieron en la importancia de discutir las medidas tributarias, la eliminación de subsidios de combustibles fósiles y la implementación de instrumentos de mercado que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) como medidas auxiliares al combate del cambio climático en nuestro país.
En primer lugar se habló del impuesto sobre el carbono, implementado a partir de enero de 2014. A consideración de las organizaciones se ha visto limitado por tres factores: no ha reflejado acertadamente el costo ambiental y de salud que tienen los combustibles fósiles –muestra de ello es que la demanda no disminuye-, se ha excluido de éste al gas natural y la turbosina, y la falta de transparencia en la utilización de los recursos generados.
El impuesto, como consecuencia de los efectos de la liberalización del precio de las gasolinas, se ha visto neutralizado debido al subsidio indirecto a las gasolinas por parte del gobierno federal. Las cifras aportadas indican que, entre 2012 y 2016, el impuesto recaudó cerca del 1.5% del PIB, mientras que el subsidio a combustibles fósiles fue del orden de 1.2 por ciento.
Posteriormente, se abordó la necesidad de que la siguiente administración prosiga la liberalización de precios en combustibles fósiles, siempre y cuando los recursos generados se inviertan en programas que beneficien a las personas más afectadas por el aumento de precios que este proceso causa.
En materia de subsidios, se abordó también el referente al sector eléctrico residencial, representante del 26% del consumo energético nacional. La prioridad debe invertirse por parte de la siguiente administración, señalaron los panelistas, pues de acuerdo a estimaciones, podría llegar en el año 2040 a los 160,000 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor egreso del Gobierno Federal.
El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) se ha convertido en una obligación para el Estado mexicano tras la reforma del artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático. Este esquema de mercado, auxiliar en la disminución de emisiones de GEI, fue adoptado internacionalmente por más de 60 países, incluido México, y ha sido refrendado en negociaciones como el Acuerdo de París de 2015. En este sentido, las organizaciones pidieron a la nueva administración refrendar su compromiso con este instrumento.
Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía de WRI México, añadió que esta exigencia es “con el fin de atender la reducción de emisiones incentivando la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la transición hacia fuentes más limpias, asegurando al mismo tiempo la participación de todas y todos los sectores de la sociedad en la planeación, implementación y desarrollo” del Sistema.
Finalmente las organizaciones convocantes insistieron en la necesidad de retomar y fortalecer el impuesto sobre el carbono, eliminar los subsidios e invertir los recursos en programas para apoyar a las personas más necesitadas y disminuir la emisión de GEI, e implementar el SCE como mandata la ley y los compromisos adquiridos en los foros internacionales.
