La nueva ley considera “un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano”
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen con cambios a la minuta del Senado que expide la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la regresa para su análisis a la Cámara alta.
El documento, que también reforma el artículo 3 de la Ley de Planeación, deroga la Ley General de Asentamientos Humanos vigente desde 1993.
Se aprobó por 303 votos a favor, 31 3n contra y 15 abstenciones y luego de que las reservas presentadas fueron rechazadas por el Pleno de manera gradual, lo avalaron en lo particular por 280 votos a favor, 31 en contra y 26 abstenciones.
Pablo Bedolla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial comentó que una de las modificaciones de la minuta es que se dejó fuera la propuesta de reforma al artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Enfatizó que la ley responde a los retos del país asociados con la falta de planeación, poca cultura de prevención y carencia de instrumentos que permitan un efectivo orden del territorio. Mencionó la importancia de generar un modelo urbano más incluyente, descentralizado, colaborativo y flexible que enfoque los esfuerzos gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de la ciudad a través del tiempo.
Indicó que la nueva ley considera “un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, el derecho a la ciudad, la equidad e inclusión; el derecho a la propiedad urbana, la productividad y eficiencia; la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental y la accesibilidad y movilidad”.
Al inicio de la discusión, el diputado Pablo Bedolla fundamentó el dictamen y el legislador Juan Romero Tenorio presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada por el Pleno.
Dicha ley contribuirá también a prevenir riesgos para los habitantes que vivan en asentamientos irregulares en el país, pues busca garantizar una efectiva planeación para el crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población.
