*Por Fernanda Lonardoni
Las ciudades concentran sueños, creatividad y oportunidades, pero también desigualdades. Cuando no se planifican con enfoque de derechos, las ciudades pueden convertirse en motores de exclusión, donde vivir dignamente se vuelve un privilegio para unos pocos.
La Ciudad de México, así como un numero creciente de ciudades, han sido escenario de manifestaciones, discusiones públicas y múltiples debates en torno a la gentrificación. Desde ONU-Habitat consideramos fundamental contribuir al diálogo con una mirada propositiva, basada en evidencia y en los principios del derecho a la ciudad y a una vivienda adecuada.
¿Qué es la gentrificación?
La gentrificación es un fenómeno urbano que ocurre cuando determinados barrios, tradicionalmente habitados por poblaciones de ingresos bajos o medios, experimentan un proceso de reinversión y valorización que incrementa el costo de vida y de la vivienda. Como resultado, los residentes originales, sin los recursos para hacer frente al alza de precios, terminan siendo desplazados. Es, en esencia, una expresión espacial de desigualdades sociales y económicas.
Este proceso responde a múltiples causas, desde la falta de regulación de los mercados de vivienda en especial los alquileres, el uso especulativo del suelo, hasta cambios demográficos o nuevas preferencias de estilos de vida. En muchas ciudades, este fenómeno se ha acelerado con la llegada de plataformas de alquiler turístico de corto plazo y el interés de nuevos grupos sociales por zonas tradicionalmente populares, provocando una transformación física, social y económica de los barrios.
Es importante reconocer que, en ciertos contextos, el proceso de gentrificación ha estado asociado a mejoras visibles en el entorno urbano, como la rehabilitación de infraestructura, activación y modernización del comercio local, incremento de la seguridad y aumento de la inversión privada en servicios y vivienda. Algunos barrios históricamente marginados han recibido atención tras décadas de abandono, lo cual puede generar beneficios para ciertos sectores de la población, incluidos nuevos residentes.
Sin embargo, cuando estos procesos no van acompañados de políticas activas para garantizar vivienda asequible, proteger a los inquilinos y preservar la diversidad social, los efectos positivos se concentran en unos pocos, mientras que los costos recaen en los habitantes originales, que son desplazados o excluidos del nuevo ciclo de vida del barrio. El reto no es oponerse a la inversión, sino lograr que los beneficios de esa inversión sean equitativos y no excluyentes.
Cuando las transformaciones urbanas no benefician a todas las personas
No es sinónimo de desarrollo urbano. Embellecer un barrio no es gentrificarlo. La regeneración urbana puede y debe mejorar la infraestructura, los servicios y la calidad de vida, sin desplazar a quienes han construido la identidad del barrio. El desarrollo sostenible e inclusivo no expulsa, sino que integra.
No es un proceso natural o inevitable. Aunque la gentrificación ocurre en muchas ciudades del mundo, no es un resultado espontáneo, sino producto de decisiones (o falta de ellas), políticas de suelo, inversión pública, normativas de vivienda. Presentarla como algo “natural” invisibiliza las causas estructurales y reduce nuestra capacidad de imaginar alternativas justas.
No se trata solo de un conflicto cultural o identitario. Si bien en la CDMX se ha visibilizado en tensión con fenómenos como el turismo digital, la raíz del problema es económica y estructural, es decir, por la falta de acceso a vivienda asequible, la especulación con el suelo urbano y la debilidad de las regulaciones que protejan a los habitantes frente al mercado. Se trata de un conflicto entre quienes tienen capacidad económica de apropiarse del espacio urbano y quienes carecen de medios para competir en ese mercado.
Las consecuencias del desplazamiento
El desplazamiento provocado por la gentrificación no es solo una pérdida de vivienda, sino que implica la ruptura de redes comunitarias y de soporte, la desaparición de formas de vida, oficios, memorias y prácticas locales. Las personas desplazadas no solo dejan un espacio físico, sino también un entramado social construido a lo largo de generaciones. Este tipo de transformación urbana tiende a afectar de forma desproporcionada a grupos históricamente marginados, como mujeres, personas mayores, juventudes, pueblos originarios y comunidades LGBTQ+.
Por ello, resulta urgente reconocer que el acceso a la vivienda adecuada no puede depender únicamente de la capacidad de pago, sino que debe entenderse y garantizarse como un derecho humano.
¿Qué podemos hacer? Soluciones desde una agenda de justicia espacial
No existen recetas universales. Pero sí hay principios y herramientas probadas en distintas ciudades del mundo que permiten transformar los procesos urbanos excluyentes en oportunidades de integración y justicia espacial.
Ampliar la oferta de vivienda asequible
Una de las grandes prioridades debe estar en ampliar la producción de vivienda asequible, tanto mediante la construcción de nuevas unidades como la rehabilitación de edificios existentes. La vivienda adecuada debe localizarse en zonas con acceso a servicios, transporte y empleo, y los desarrolladores pueden contribuir a ello destinando un porcentaje de sus proyectos a vivienda social. Esto requiere cambios normativos que fomenten una mayor densidad bien planificada, sin comprometer la calidad de vida ni la inclusión.
Modelos de vivienda en renta social
Los modelos de vivienda en renta con gestión pública o comunitaria, fuera del mercado especulativo, permiten garantizar rentas asequibles en zonas centrales, asegurando la permanencia de los habitantes originales y fortaleciendo la diversidad social. Estas soluciones son especialmente útiles para mujeres, jóvenes, personas mayores y grupos históricamente excluidos, que a menudo quedan fuera del mercado inmobiliario tradicional por falta de crédito, garantías o ingresos estables.
Fomentar modelos de vivienda cooperativa o comunitaria
Otra medida clave es fomentar modelos de vivienda comunitaria y tenencia colectiva, como los fideicomisos de tierra comunitaria y las cooperativas de vivienda. Estos esquemas permiten mantener la vivienda fuera del mercado especulativo y garantizan el arraigo y la autogestión de las comunidades. Aunque todavía poco desarrollados, este tipo de modelos han demostrado su efectividad en otras ciudades para garantizar vivienda estable y accesible, así como para promover la participación ciudadana en la gestión del territorio.
Regular los alquileres y los arrendamientos de corto plazo
En muchos casos, la estabilidad habitacional no puede depender solo del libre juego del mercado. Establecer techos a las rentas, proteger a los inquilinos contra desalojos injustificados y regular las plataformas de alquiler temporal como Airbnb pueden ser pasos necesarios. Estos mecanismos ya han sido implementados en otras ciudades, y representan una vía concreta para reducir la presión sobre el mercado de vivienda y garantizar la permanencia de los habitantes originales.
Desincentivar viviendas y terrenos ociosos
También es indispensable que se utilice de manera eficiente el suelo urbano. Aplicar incentivos para utilización o impuestos a viviendas desocupadas y predios ociosos es una herramienta para combatir la especulación y recuperar el uso social del suelo. Con una política fiscal activa, los gobiernos pueden estimular el uso efectivo del espacio urbano, desincentivar la acumulación improductiva y financiar programas de vivienda digna. Esta medida se ha usado en distintas ciudades del mundo no solo como forma de generar recursos, sino como declaración de principios: la ciudad, para ser inclusiva, debe priorizar el derecho a habitar sobre la lógica de inversión.
Una ciudad para todas las personas
La gentrificación no es inevitable. Con planificación adecuada, voluntad política y participación comunitaria, es posible regenerar barrios sin expulsar a sus habitantes. Necesitamos políticas de suelo y vivienda centradas en las personas, a partir de una lógica de derecho a la ciudad, que fortalezcan la cohesión social y promuevan la inclusión.
Desde ONU-Habitat reafirmamos nuestro compromiso con ciudades más justas, incluyentes y sostenibles, donde todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico, tengan garantizado su derecho a permanecer, transformar y disfrutar de la ciudad.
*Fernanda Lonardoni
Representante de ONU-Habitat México
