Servidores públicos de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador visitaron las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) de la Ciudad de México, para conocer la implementación y funcionamiento del envío telemático, la firma electrónica avanzada y el folio real electrónico
El envío telemático es el registro remoto efectuado por notarios ante el RPPyC de la compra-venta, hipoteca y cancelación de hipoteca. El folio real identifica un predio toda su vida, en este caso por medio de un registro electrónico, mientras la firma electrónica avanzada es un archivo digital o conjunto de datos electrónicos que identifican al suscriptor. El conjunto forma parte de la estrategia digital y de innovación del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y contribuye a agilizar, simplificar actos, trámites, servicios, comunicaciones y procedimientos.
En Ecuador, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es responsable de consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de sus registros públicos, y de llevar a la práctica el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en beneficio de sus ciudadanos, de ahí su interés por conocer la experiencia de la CDMX cuyo RPPyC suele rebasar los 600 mil trámites al año.
A nombre del consejero Jurídico y de Servicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez, el titular del RPPyC, Eduardo Rovelo Pico, explicó el nuevo modelo, la mudanza al sistema digital del acervo y trámites a los representantes ecuatorianos Ronald Alejandro Porras León, director de Gestión y Registro; Roberto Augusto Veloz Navas, director Jurídico; y Wilson Germán Flores Hidalgo, asesor de la Subdirección Nacional.
Los funcionarios sudamericanos expresaron que la retroalimentación alcanzada durante esta visita técnica impulsará en el plan de el buen vivir ecuatoriano un servicio eficiente, óptimo y con calidez en la protección de la certidumbre jurídica y que entre las buenas prácticas en la CDMX, además de los instrumentos y procesos electrónicos, buscarán reproducir las de inclusión como la atención a grupos especiales: adultos mayores, personas en situación de discapacidad y mujeres embarazadas.
Ambas partes coincidieron en la importancia de compartir las mejores prácticas y experiencias en las políticas públicas en materia registral para el impulso de la competitividad, la inversión y en general para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.
