Reza el dicho popular que el diablo está en los detalles. Y esto no es la excepción en torno a la propuesta para modificar la Ley del Infonavit que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde una visión general, los sectores que componen al organismo (laboral, empresarial y gobierno), ven con buenos ojos la propuesta. Específicamente, coinciden con el objetivo que plantea el Jefe del Ejecutivo en cuanto a ampliar las posibilidades de los trabajadores para ejercer su crédito.
Sin embargo, existe el consenso en el sentido que el verdadero reto que trae esta reforma será en la redacción de las reglas de operación. Sobre todo, con la mira de cuidar al organismo y evitar que las normas que regulen los nuevos productos, como el del crédito para la compra de terreno, dejen huecos que puedan provocar quebrantos al organismo.
Visto como un gran paraguas, la reforma no genera mayor preocupación para los diversos actores del sector de la vivienda. Incluso, se aplaude la visión de concretar el concepto de la vivienda progresiva.
No obstante, en algunos sectores empieza a generar cierto halo de preocupación la forma en la que se pueda aterrizar el esquema que permitirá comprar terrenos. Principalmente, el tema de las garantías para el otorgamiento del crédito bajo esta modalidad, al tratarse de un terreno y no una vivienda.
Lo cierto es que en este marco, hay un factor que genera confianza en relación a la reforma. Y es que, el Consejo de Administración del Instituto, conformado de manera tripartita, será el encargado de definir estas reglas de operación.
Apuntes de la propuesta
Cabe resaltar que más allá de la idea de entregar el crédito de manera directa, que ya se hace en el organismo, el verdadero valor de la reforma podría resumirse en la propuesta para ampliar las opciones con el crédito para terreno; fijar la idea de la vivienda progresiva al quitar la limitante en el número de créditos que se pueden otorgar; y en la posibilidad de reconocer a los derechohabientes no activos como sujetos de crédito.
En esa lógica, en otros aspectos, la valía de la reforma recaería en que se reconocería en la ley temas que ya se hacen en la práctica en el instituto, como el crédito para autoproducir, el uso del financiamiento para pago de pasivos y, por supuesto, la entrega del financiamiento sin intermediarios.
En lo referente con el tema de reconocer a derechohabientes que no cotizan activamente como sujetos de crédito, han salido al paso algunas aclaraciones. Y es que, se generó la preocupación que el Infonavit se abriera a entregar créditos a trabajadores que no aportan activamente al fondo, pues iría en contra del principio de mutualidad que rige al organismo.
No obstante, se ha dicho que esto no iría en ese camino. La explicación de allegados al Instituto señala que recaería en las reglas de operación como la posibilidad de que los trabajadores puedan usar los recursos de la subcuenta; que puedan buscar un crédito con alguna otra entidad financiera. El Infonavit no sería el que entregaría el financiamiento.