El transporte público colectivo es utilizado por cerca del 40% de los mexicanos (50 millones de personas); y de él dependen más de 160,000 empleos, principalmente de conductores
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, múltiples sistemas de transporte público colectivo han implementado medidas de higienización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas para evitar la propagación del virus.
Además, llevan a cabo esfuerzos para mantener la capacidad de operación para facilitar la realización de actividades esenciales para superar la emergencia sanitaria; como las médicas y paramédicas, y de la industria de alimentos y enseres domésticos.
Sin embargo, la situación actual representa un escenario adverso que compromete la sostenibilidad financiera de este sector; que es una alternativa de movilidad que permite realizar sus actividades cotidianas a hogares que acumulan ingresos mensuales menores a los 7,000 pesos.
El transporte público colectivo es utilizado por cerca del 40% de los mexicanos (50 millones de personas); y de él dependen más de 160,000 empleos, principalmente de los conductores. Asimismo, es la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas; las cuales constituyen el 75% de la organización del sector.
No obstante, con la presencia del coronavirus en México, los usuarios han optado por cambiar sus medios de transporte, por miedo al contagio dentro de las unidades. Por lo que, hasta ahora, se estima una reducción del 60% en la demanda; que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
Frente a esto, ya se han efectuado distintas acciones para reducir costos de operación; sin embargo, estos ahorros no superan el 25% de los costos de operación; por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
Se prevé, además, que, en los tres meses y medio que podría durar la contingencia, las pérdidas alcanzarán hasta el 40% del ingreso habitual en ese periodo; lo que representa una pérdida acumulada de 9,800 millones de pesos a nivel nacional.
El principal riesgo son los puestos de trabajo relacionados con el sector; pues se calcula que el transporte público emplea a 1.5 conductores por cada unidad en operación; y que existe un 40% adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A nivel nacional, éstos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril.
En este contexto, es esencial que la operación del transporte público colectivo continúe; por ello, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), sugiere que las acciones de política prioricen la permanencia de los puestos de trabajo; procuren ahorros dentro de los costos operativos y no fijos; y que garanticen la provisión de un servicio regular.
“De no tomarse acciones durante la presente contingencia, aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio; menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuario del transporte con sus impactos derivados en salud y economía”.
