Se estima que alrededor de 1,800 millones de personas en el mundo carecen de una vivienda adecuada; lo cual incluye a las personas que viven en barrios marginales
Leilani Farha, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apuntó que la vivienda es un derecho humano fundamental; y es central en la batalla contra el virus Covid-19.
Sin embargo, sin una vivienda adecuada, resulta imposible seguir las medidas preventivas de salud pública; como la cuarentena, el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene. Por ello, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus; “la vivienda nunca había sido tanto, como en este momento, una condición de vida o muerte”.
Se estima que alrededor de 1,800 millones de personas, o más del 20% de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada. Esto incluye a las personas que viven en las calles o en viviendas inseguras o superpobladas en asentamientos informales o barrios marginales.
La ausencia de servicios básicos, el estrés y las condiciones de vida poco saludables también contribuyen a una precaria salud. Las personas sin hogar, por ejemplo, a menudo experimentan problemas respiratorios graves; los cuales podrían ser agravados por el Covid-19.
Por otro lado, las medidas de control del virus en las ciudades y áreas urbanas, aunado a la falta de acceso a espacios exteriores, pueden tener un efecto perjudicial en la salud mental y física de los residentes.
Además. el ambiente estresante de la estadía en el hogar, especialmente en viviendas pequeñas y abarrotadas en asentamientos informales, la interrupción de las redes sociales y de protección y la disminución del acceso a los servicios pueden agravar el riesgo de violencia para mujeres y niños.
La rápida propagación del Covid-19 agudiza la crisis de vivienda que ya existía en el mundo y afecta a miles de millones de personas. Por ello, ONU-Hábitat señala que las acciones inmediatas a corto plazo deben centrarse en frenar la expansión de la pandemia; mientras que las intervenciones a largo plazo deben incluir una revisión de los enfoques actuales de la gobernanza de la vivienda y la tierra.
“Las decisiones y medidas tomadas ahora podrían moldear significativamente el éxito o el fracaso de la recuperación futura posterior al desastre”, indica.
