La imposición por parte de las autoridades de incluir un porcentaje de vivienda de este segmento ha llevado a un freno en el sector inmobiliario
El contemplar una cuota de vivienda social en los proyectos de los segmentos altos, es un modelo que se ha buscado replicar en diversas regiones del mundo y que ha aplicado en ciudades como Bogotá y Nueva York. Sin embargo, en Barcelona, este esquema no trajo los resultados esperados, pues lejos de impulsar la oferta de casas, ha frenado la puesta en marcha de nuevos proyectos.
De acuerdo con cifras presentadas al cierre de julio, en esta ciudad española, una de las más importantes de Europa, las solicitudes de licencias para comenzar nuevos proyectos han caído 72 por ciento. Es decir, en lo que va de 2019, las autoridades catalanas sólo han recibido 64 peticiones, cifra que contrasta con las 234 solicitudes registradas en el mismo periodo, pero de 2018.
Estos efectos se presentan luego de los cambios a la normativa efectuados el 14 de diciembre. Con estas modificaciones al Plan General Metropolitano, se establece como obligatorio que cada proyecto residencial de más de 600 metros cuadrados debe destinar por lo menos 30% a vivienda social.
Según lo expuesto por el diario El País, estas cifras confirman el pronóstico de los especialistas inmobiliarios de aquel país. Y es que las predicciones de los expertos antes de que se aprobara la obligatoriedad de incluir 30% de vivienda social ya advertían de un freno en la activad ante dicha medida.
A decir de los especialistas, esta medida genera inseguridad jurídica para los desarrolladores que desean apostar en proyectos residenciales.
