{"id":26308,"date":"2015-12-02T13:03:00","date_gmt":"2015-12-02T19:03:00","guid":{"rendered":"http:\/\/centrourbano.com\/?p=26308"},"modified":"2015-12-02T13:18:19","modified_gmt":"2015-12-02T19:18:19","slug":"el-corredor-chapultepec-zona-rosa-y-las-limitaciones-actuales-de-la-legislacion-en-materia-de-desarrollo-urbano-y-de-participacion-ciudadana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrourbano.com\/revista\/opinion\/blog-de-urbanismo\/el-corredor-chapultepec-zona-rosa-y-las-limitaciones-actuales-de-la-legislacion-en-materia-de-desarrollo-urbano-y-de-participacion-ciudadana\/","title":{"rendered":"El Corredor Chapultepec Zona Rosa y las limitaciones actuales de la legislaci\u00f3n en materia de desarrollo urbano y de participaci\u00f3n ciudadana"},"content":{"rendered":"

POR REN\u00c9 COULOMB.<\/strong><\/em><\/p>\n

1.- Desde los sismos de 1985 el Distrito Federal no hab\u00eda vivido una movilizaci\u00f3n social m\u00e1s grande que la que se est\u00e1 dando desde hace algunos a\u00f1os en torno a los actuales procesos de transformaci\u00f3n de su estructura urbana e inmobiliaria; una movilizaci\u00f3n que, de forma similar a la de hace treinta a\u00f1os, pone en evidencia las graves limitaciones de gobernabilidad por parte de los distintos poderes del Estado y de las distintas instancias de gobierno que inciden en el desarrollo de la ciudad. Las tensiones y conflictos suscitados por el proyecto de Corredor #Chapultepec<\/a>–#Zona Rosa<\/a> se inscriben dentro de la inconformidad manifestada por distintos sectores de la sociedad urbana en torno a una gesti\u00f3n urbana que se percibe como tecnocr\u00e1tica y hasta autoritaria; muy alejada del principio de la democracia participativa enunciado en el lema de gobierno \u201cdecidiendo juntos\u201d, y que termina apoyando proyectos que benefician a unos cuantos intereses particulares, aunque se invoque el inter\u00e9s general.<\/p>\n

2.- Un factor, entre muchos otros, que dinamiza el reclamo democr\u00e1tico de la ciudadan\u00eda es sin lugar a duda el d\u00e9ficit de legitimidad que caracteriza el marco jur\u00eddico actual, tanto el de la planeaci\u00f3n y de la gesti\u00f3n urbana, como el de la participaci\u00f3n social y ciudadana. En este sentido, es de saludar que \u2013 despu\u00e9s de varios meses de confusiones administrativas, ocultamientos, manipulaciones y protagonismos de todo tipo – el debate en torno al mencionado proyecto de \u201cCorredor\u201d est\u00e9 llegando el d\u00eda de hoy donde deber\u00eda haber estado desde un principio, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: el espacio democr\u00e1tico en donde la representaci\u00f3n popular, en su pluralidad ideol\u00f3gica, socio econ\u00f3mica y pol\u00edtica, elabora y eval\u00faa el marco normativo dentro del cual, sociedad y gobierno, ejercen sus derechos y obligaciones. Un marco normativo que deja en manos de la ALDF, entre otras atribuciones, las que se refieren a la regulaci\u00f3n de los usos del suelo.<\/p>\n

3.- En este sentido, no est\u00e1 del todo claro qu\u00e9 relaci\u00f3n tiene el proceso de Consulta P\u00fablica a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal con la aprobaci\u00f3n que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe otorgar, por Ley, al tipo de proyecto #urbano<\/a> como el llamado Corredor Chapultepec Zona Rosa (no \u201ccultural\u201d). No est\u00e1 claro, en particular, dentro de qu\u00e9 marco jur\u00eddico se afirma que dicha consulta tiene un car\u00e1cter vinculante. Estas y otras insuficiencias del marco legal vigente hacen imprescindible una reformulaci\u00f3n a fondo, por una parte de la actual Ley de #Desarrollo Urbano<\/a> del Distrito Federal, no solo de los art\u00edculos 41 y 42 de la misma como lo propone el Jefe de Gobierno y tambi\u00e9n, por otra parte, de la Ley de Participaci\u00f3n Ciudadana.<\/p>\n

4.- Los cambios en las formas de producci\u00f3n, de reciclamiento o de regeneraci\u00f3n de la estructura urbana generan muy importantes impactos sociales que los estudios de impacto urbano- ambiental est\u00e1n lejos de entender a cabalidad. Estos estudios, si bien necesarios, han mostrado su incapacidad en generar por si solos un acuerdo suficiente de aprobaci\u00f3n entre las partes involucradas en la realizaci\u00f3n de todo proyecto urbano y\/o inmobiliario. La sociedad urbana requiere dotarse hoy en d\u00eda de nuevas reglas fundadas en el \u201c#urbanismo<\/a> democr\u00e1tico\u201d, propuesto por el jurista urbano Antonio Azuela, y plasmarlas en una nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.<\/p>\n

Sociedad y gobierno tienen que construir y llevar a la pr\u00e1ctica un nuevo urbanismo que se proponga poner por encima de los intereses financieros e inmobiliarios cada vez m\u00e1s globalizados, los derechos individuales y colectivos de los habitantes; y tambi\u00e9n la sustentabilidad socio-ambiental de un nuevo modelo de ciudad que haya sido democr\u00e1ticamente adoptado. Un modelo de ciudad del que se puedan apropiar los distintos grupos y clases sociales, no una marca CDMX que la mercadotecnia urbana utiliza para atraer inversiones. En este sentido la coyuntura abierta por el debate p\u00fablico en torno al proyecto de Corredor Chapultepec Zona Rosa representa una inesperada oportunidad para cuestionar, primero el modelo de ciudad dentro del cual dice inscribirse, y tambi\u00e9n el modelo de gesti\u00f3n urbana que le da operatividad.<\/p>\n

5.- El proyecto de Corredor Chapultepec Zona Rosa se inscribe dentro de la propuesta m\u00e1s general de identificar las zonas prioritarias para la renovaci\u00f3n urbana de la ciudad, ll\u00e1mense Ciudad de la Salud, Ciudad Administrativa, Ciudad Futura o Corredor Cultural, zonas para las cuales se busca atraer inversiones en materia de infraestructura urbana y desarrollo inmobiliario. El problema es que estas iniciativas no est\u00e1n claramente inscritas dentro del marco legislativo vigente, particularmente el referido a la participaci\u00f3n social en la gesti\u00f3n territorial. Una nueva legislaci\u00f3n en materia de ordenamiento territorial tendr\u00e1 que subsanar esta indefinici\u00f3n, la cual explica \u2013 si bien no justifica – la ausencia de participaci\u00f3n social en la concepci\u00f3n y en el dise\u00f1o del proyecto de corredor.<\/p>\n

Es evidente que la Consulta P\u00fablica se ofreci\u00f3 a partir de la fuerte oposici\u00f3n social al proyecto, no porque est\u00e9 contemplada en el marco jur\u00eddico del Sistema de Actuaci\u00f3n por Cooperaci\u00f3n que sostiene la operaci\u00f3n de las ZODES. Pero est\u00e1 claro tambi\u00e9n que la Consulta P\u00fablica es una forma muy limitada de participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n

6.- Otra ausencia en la forma de c\u00f3mo se dise\u00f1\u00f3 el proyecto de Corredor refiere al principio de la distribuci\u00f3n equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano. Este principio, est\u00e1 establecido en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley General de Asentamientos Humanos, que es una de las leyes marco que debe observar la legislaci\u00f3n del Distrito Federal, pero ha sido eliminado de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobada en 2012, hoy vigente; es imprescindible que este principio sea re-incorporado al marco normativo del ordenamiento territorial.<\/p>\n

El respecto del principio de la distribuci\u00f3n equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano permite regular las transformaciones urbanas e inmobiliarias de forma que estas transformaciones contribuyan a reducir el proceso de segregaci\u00f3n socio-espacial de la ciudad, o, por lo menos, no contribuyan a su agudizaci\u00f3n. En este sentido llama la atenci\u00f3n que el proyecto de corredor no contemple expresamente como contribuir\u00e1 a mitigar, o como evitar\u00e1 agravar los agudos problemas econ\u00f3micos y sociales de su zona de influencia, como por ejemplo la problem\u00e1tica social de los cuartos de azotea, la degradaci\u00f3n social, prostituci\u00f3n y tr\u00e1fico de drogas en la Zona Rosa, o bien el deterioro del parque habitacional.<\/p>\n

7.- En segundo t\u00e9rmino, el respeto del principio de distribuci\u00f3n equitativa de cargas y beneficios permite guiar las pol\u00edticas urbanas, y en particular los proyectos a cargo de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Sin embargo, al no considerar que el mejoramiento de la avenida Chapultepec contribuye a la valorizaci\u00f3n de las propiedades circunvecinas, el proyecto de corredor incumple con dicho principio. En efecto, socializa el costo que representa concesionar un bien p\u00fablico a particulares, mientras entrega a la propiedad ra\u00edz el disfrute de las plusval\u00edas inmobiliarias generadas.<\/p>\n

La recuperaci\u00f3n de plusval\u00edas inmobiliarias generadas por la sociedad a trav\u00e9s de la acci\u00f3n p\u00fablica (aunque esta se d\u00e9 bajo la figura de la concesi\u00f3n) es hoy en d\u00eda una estrategia de financiamiento de la obra p\u00fablica utilizada en varias ciudades latinoamericanas, y que sin embargo el proyecto de corredor no ha querido utilizar, tal vez por no estar claramente establecidos en la legislaci\u00f3n vigente los instrumentos de su implementaci\u00f3n, tal vez porque hubiera afectado intereses inmobiliarios y financieros. En todo caso, se trata de una estrategia que es urgente incorporar al marco regulatorio del desarrollo urbano de la ciudad.<\/p>\n

8.- Otra modificaci\u00f3n al marco jur\u00eddico existente refiere a la muy extendida inconformidad de los habitantes de la ciudad en cuanto a estos cambios de usos del suelo que no est\u00e1n contemplados en los programas de desarrollo urbano vigentes; sobre todo cuando se dan en su colonia o barrio, como en el caso de los vecinos de las colonias Roma, Condesa y Ju\u00e1rez, enfrentados al proyecto de Corredor Chapultepec Zona Rosa. En la actualidad, la aprobaci\u00f3n de estos cambios de usos del suelo se da en el seno del Comit\u00e9 T\u00e9cnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano. Once de sus doce miembros son funcionarios y solo uno representa a los vecinos. Este desequilibrio tensa in\u00fatilmente las relaciones entre los habitantes y el gobierno de la ciudad. Este Comit\u00e9 debe ser ciudadanizado, lo que implica su descentralizaci\u00f3n hacia cada una de las demarcaciones territoriales.<\/p>\n

Por otra parte, si bien la legislaci\u00f3n actual pareciera limitarse a como se autoriza los cambios de uso del suelo de los predios, el futuro marco normativo deber\u00eda explicitar que se refiere tambi\u00e9n a los cambios de uso en los espacios p\u00fablicos, en particular a los distintos procesos de su privatizaci\u00f3n. Aunque se sostenga lo contrario, es indudable que el proyecto de \u201cCorredor\u201d Chapultepec-Zona Rosa contempla concesionar usos comerciales privados dentro de la v\u00eda p\u00fablica, y que se trata de un proceso privatizador, si bien distinto a los cierres de calles, con o sin casetas de vigilancia, que han proliferado en muchas colonias y barrios de la ciudad, con la anuencia clientelar de las autoridades delegacionales.<\/p>\n

La ciudad no debe seguir perdiendo el car\u00e1cter p\u00fablico de sus avenidas, calles, plazas y jardines. La escasez de recursos p\u00fablicos para asegurar su mantenimiento y mejoramiento no puede ser el pretexto para justificar la privatizaci\u00f3n de su uso, y menos – como en ciertos casos- de su propiedad. Sobre todo cuando recursos hubo (450 millones) para intervenir una vialidad (la calle de Mazaryck) en una de las colonias m\u00e1s exclusivas de la ciudad.<\/p>\n

9.- La norma jur\u00eddica actual no reconoce con suficiente contundencia el derecho de los habitantes a la preservaci\u00f3n de su entorno residencial y de su calidad de vida, derecho plasmado en la Constituci\u00f3n y en varias leyes secundarias. Una consecuencia de ello es que sigue siendo excepcional que las demandas vecinales en contra de violaci\u00f3n de los usos del suelo en su barrio o colonia den lugar a un juicio de amparo a su favor; y menos trat\u00e1ndose de obras de infraestructura como \u201cdeprimidos\u201d o que por lo general no se han apoyada sobre proceso de participaci\u00f3n vecinal alguno, excepto cuando la oposici\u00f3n de los vecinos obliga a ello.<\/p>\n

Por lo contrario, son decenas, sino centenares de obras que se han llevado a cabo en contra de las normas de uso de suelo, no solo, o no siempre por la venalidad de los funcionarios p\u00fablicos, sino tambi\u00e9n por la misma reglamentaci\u00f3n permite iniciar obras mientras corre el juicio, como tambi\u00e9n autoriza densidades mayores a las permitidas mediante figuras legales que se prestan a una utilizaci\u00f3n perversa, como el \u201cpol\u00edgono de actuaci\u00f3n\u201d o la \u201ctransferencia de potencialidad\u201d.<\/p>\n

10.- Una \u00faltima reflexi\u00f3n y propuesta al legislador. Se ha dicho no pocas veces que el inter\u00e9s de los vecinos, es ego\u00edsta e inmediatista, y por ello contrario al inter\u00e9s p\u00fablico de la ciudad y su desarrollo de largo plazo. Y no son pocos los funcionarios p\u00fablicos que piensa que la participaci\u00f3n social constituye un freno a la inversi\u00f3n privada y un estorbo a la eficiencia del gobierno. \u201c\u00a1A m\u00e1s participaci\u00f3n menos gobierno!\u201d. \u201c\u00bfQu\u00e9 quieren los vecinos?\u201d Pregunta p\u00fablicamente el tecn\u00f3crata en turno. Y responde: \u201c\u00a1nada!, que todo siga igual\u201d.<\/p>\n

Estas percepciones sobre la participaci\u00f3n ciudadana, a veces fundamentadas en experiencias negativas, han impulsada una tendencia consistente en limitar la aplicaci\u00f3n de la doctrina de la planeaci\u00f3n democr\u00e1tica; as\u00ed se lo propuso la jefatura de gobierno anterior que logr\u00f3 plasmar en la Ley de Desarrollo Urbano vigente un conjunto de pr\u00e1cticas y de instrumentos que, en los hechos, significan diversas limitaciones a la participaci\u00f3n ciudadana en las tomas de decisiones sobre el territorio del Distrito Federal. El caso m\u00e1s representativo de este proceso ha sido la creaci\u00f3n de \u00e1reas de gesti\u00f3n estrat\u00e9gica.<\/p>\n

No viene al caso aqu\u00ed argumentar que, por lo contrario, una democratizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n urbana abona al desarrollo econ\u00f3mico de la ciudad y a una mayor gobernabilidad.<\/p>\n

Lo que s\u00ed conviene reconocer es que la actual legislaci\u00f3n en materia de participaci\u00f3n ciudadana del distrito federal adolece de distintas limitaciones que no permiten atender los nuevos desaf\u00edos del proceso de urbanizaci\u00f3n del Distrito Federal. Enumero los que me parecen ser los principales contenidos de una agenda legislativa:<\/p>\n