Por María Victoria Marco.*
Gran parte de los países latinoamericanos reconoce el derecho a la vivienda en sus constituciones (Adler y Vera, 2018). Sin embargo, una de las principales problemáticas que afecta la calidad de vida de las familias es la dificultad para acceder a una vivienda adecuada. En la mayoría de los casos, las familias tienen acceso a una vivienda, pero ésta no cumple con las cualidades necesarias como, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos y/o el espacio suficiente para evitar el hacinamiento. Por lo tanto, en la región, el principal problema no es el déficit cuantitativo (6% aproximadamente), sino el déficit cualitativo (31%) (Bouillon, 2012). Estos números evidencian que, la construcción de vivienda nueva, no es necesariamente la mejor ni la única solución posible para disminuir el déficit habitacional.
Para diseñar políticas públicas que brinden soluciones efectivas es menester diagnosticar la problemática a través de evidencia. En este sentido, la mayoría de los países de la región mide el déficit habitacional mediante la aplicación de una metodología a los datos del censo y/o de la encuesta a hogares. Ahora bien, conocer qué factores considera cada una de esas metodologías nos permite entender qué mide y cómo lo mide. Según un estudio realizado por ONU-Hábitat (2015), la mayoría de los países de la región mide el déficit cuantitativo a través de dos variables: hogares allegados y hogares que habitan en viviendas precarias. En el caso del déficit cualitativo, las tres variables mayormente consideradas son: el acceso a servicios básicos, el hacinamiento y los materiales de construcción de la vivienda.
Sin embargo, estas metodologías no suelen tener en cuenta otros factores que permitirían comprender, de forma holística, cómo es el acceso a la vivienda. Algunos de esos factores son la seguridad en la tenencia, la asequibilidad y/o la ubicación. Conocer si las familias cuentan con una protección jurídica frente a desalojos, si pueden abonar los costos de la vivienda sin poner en riesgo el disfrute de otros derechos y si pueden acceder a oportunidades de empleo y servicios urbanos es fundamental para comprender, de forma integral, sus condiciones de vida y las deficiencias habitacionales que enfrentan.
En este contexto, resulta interesante mencionar el caso chileno, que presenta dos buenas prácticas como, por ejemplo, la medición de la dependencia económica de los integrantes del hogar y la consideración del tipo de urbanización en el que se encuentra la vivienda. Lo mismo ocurre con el caso colombiano, que mide el hacinamiento (a partir de los lineamientos del ODS 11) y el dominio geográfico de la vivienda.
En cambio, en el caso de Argentina, no se mide el déficit habitacional de forma oficial. Esto se debe a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) calcula algunos indicadores sobre carencias habitacionales, pero ninguno reúne todas las variables en una sola medida, de forma interrelacionada. Por lo tanto, se obtienen datos dispersos que no logran brindar un diagnóstico integral de la problemática.
En los principales aglomerados urbanos argentinos, el 49% de la población no accede a alguno de los servicios públicos (agua corriente, gas de red y desagüe cloacal), el 23% vive hacinado y el 21% habita en viviendas construidas con materiales de calidad insuficiente (EPH, 2021). Si bien estos datos alertan que las deficiencias habitacionales son profundas, no brindan información suficiente. Esto se debe a que resulta fundamental conocer la cantidad de argentinos que sufren dos, tres, o más deficiencias en simultáneo para poder diseñar políticas públicas adecuadas, que resuelvan todas las carencias en simultáneo, brindando una solución integral.
Desde CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) trabajamos en la producción de conocimiento y recomendaciones para la construcción de mejores políticas públicas. El próximo año se cumplirán 40 años del retorno a la democracia en Argentina, y creemos que es un momento clave para hacer un balance y pensar cómo se podrían resolver las deudas pendientes del país, entre ellas, el déficit habitacional. Para hacerlo, lanzamos el proyecto “Democracia 40” (#40D), una iniciativa de diálogo público, participativo e intergeneracional para la co-construcción de un país más inclusivo y sostenible.
Como parte de esta iniciativa, buscamos elaborar un diagnóstico robusto sobre el acceso a la vivienda en el país, sorteando las dificultades previamente nombradas. Esta problemática requiere de una solución urgente e integral para garantizar que las familias puedan contar con las mismas oportunidades, ya que el acceso a una vivienda adecuada actúa como una plataforma para disfrutar de otros derechos como, por ejemplo, el trabajo, la salud, la educación, entre otros.
*María Victoria Marco
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC)
